Otra vez, la televisión acecha

 

Javier Corral Jurado

No hay época más peligrosa para la preservación del interés público y de los bienes del dominio de la Nación que la de fin de sexenio, específicamente el periodo en el que se inicia, desarrolla y concreta la disputa electoral por la Presidencia de la República.

La experiencia nos marca que es, en un momento como éste, en el que se acuerdan las mayores concesiones a particulares por parte de entidades de gobierno, órganos reguladores del Estado y poderes de la Unión. Se consiguen desde descuentos multimillonarios, sentencias a modo, hasta leyes a la medida de los intereses de los grupos de poder mediático y económico.

En el ánimo de continuar, quienes detentan el poder, buscan congraciarse con los poderes fácticos para conseguir su apoyo y protección; y quienes aspiran a llegar al poder, son capaces de avalar eso y ofrecer más, o conseguir en su ámbito de acción medidas que respalden y perpetúen las ganancias.

En ese ambiente de trueque político consiguió hace seis años Televisa en el Congreso de la Unión – avalada en forma unánime por la Cámara de Diputados–, una reforma legal que le aseguraba todo tipo de ventajas frente a actuales y futuros competidores, le aseguraba su dominio por larga vida mediante un refrendo automático a perpetuidad y le ensanchaba su espectro de negocios a las telecomunicaciones sin tener que participar en licitación alguna, ni tener que pagar al Estado contraprestación por ello. Se le llamó Ley Televisa, y es uno de los capítulos más vergonzosos de la historia política reciente.

Aunque así se inició el actual sexenio, con el aval a una norma contraria al interés público y aprobada en función de la rentabilidad electoral, esas pretensiones abusivas fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación un año después. Y el Congreso, que tenía a su cargo la responsabilidad legal y política de corregir sus desatinos y legislar una nueva ley de medios, para llenar entre otros los vacíos que había dejado la expulsión de las reformas anticonstitucionales, simplemente no lo hizo, bajo la misma presión y por los mismos motivos de rentabilidad político- electoral. Todo quedó en veremos. Pero tal y como dice el tango Silencio, mientras el músculo duerme, la ambición trabaja. No hay descanso posible frente a la voracidad insaciable del duopolio de la televisión que aprovecha, como los usureros, el estado de necesidad de la política para imponer sus condiciones e intereses leoninos. Advierto desde aquí que se está volviendo a imponer la dinámica del chantaje al cierre del sexenio para tratar de reavivar la parte más nociva de aquella legislación declarada inválida por la Corte.

Esta advertencia se la he planteado directamente al Presidente de la República, Felipe Calderón, en una misiva en la que llamo su atención sobre este asunto trascendental para la vida del país. Dice así mi carta al Presidente:

“El 20 de julio el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) tomó una decisión muy delicada: otorgó su aval mediante una simple ‘toma de nota’ para que los concesionarios y permisionarios de la televisión abierta puedan ofrecer la multiprogramación (multiplexeo) en sus canales digitales, sin ningún beneficio para el Estado y con graves consecuencias en materia de competencia en radiodifusión.

“La fuerte concentración existente en televisión abierta (Televisa y Televisión Azteca) se agudiza de forma radical con esta decisión del órgano regulador de las telecomunicaciones porque en pocos meses, las grandes televisoras estarán en posibilidades técnicas para tener nuevas redes nacionales y se colocan, una vez más, en una situación de amplia ventaja, anticompetitiva, frente a los futuros participantes en el mercado de la televisión abierta.

“Con esta decisión, el gobierno pierde todo margen de negociación para obtener una contraprestación económica en beneficio del Estado como consecuencia de la sobreexplotación de frecuencias y para avanzar en el denominado ‘apagón analógico’ de la televisión que usted ha impulsado con el Decreto publicado el 2 de septiembre de 2010, actualmente suspendido por la Suprema Corte de Justicia, luego de la controversia constitucional presentada formalmente por legisladores pero impulsada en los hechos por las mismas televisoras.

“El beneficio alcanzado por las grandes televisoras es considerable. Con sus al menos cuatro redes nacionales, Televisa y Televisión Azteca podrán armar en el mediano plazo hasta veinte cadenas nacionales gracias a la digitalización y compresión de señales que permite contar, en lugar de un solo canal, hasta con cinco canales para la prestación de servicios de radiodifusión. Además, con base en lo que han declarado los comisionados de la Cofetel, podrán lucrar con esas señales adicionales mediante la venta de espacios publicitarios y arrendando capacidad a terceros para generar contenidos. Y todo esto, como le informo, a cambio de nada.

“Debe destacarse que bastaron sólo dos meses, tras la salida del Dr. Rafael del Villar, quien durante su gestión como Comisionado de Cofetel se opuso a autorizar el multiplexeo de una veintena de canales digitales, para que el nuevo integrante de este órgano regulador, propuesto recientemente por usted, impulsara esta decisión en el Pleno.

“Como bien lo dijo el ministro Genaro Góngora Pimentel al analizar la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (más conocida como “Ley Televisa”) esta decisión es el aval gubernamental para la multiplicación de los peces y los panes en beneficio de los mismos operadores, los de siempre, y es contraria a la política de competencia que usted ha buscado impulsar en el sector de las telecomunicaciones.

“Con esta decisión la expectativa para ampliar la competencia en televisión abierta se reduce considerablemente. Frente a las nuevas redes nacionales de televisión del duopolio televisivo, cualquier nuevo competidor estará en una situación de desventaja, aun cuando también le sea permitido el multiplexeo o multiprogramación en los canales digitales. Por si fuera poco, se le otorga más poder de influencia política y cultural, en detrimento de la democracia, así como de la diversidad y pluralidad mexicanas.

“Adicionalmente a lo anterior, debemos sumar el hecho de que ambas televisoras pretendan recibir del gobierno federal, concretamente de la Comisión Federal de Competencia, la anuencia para fusionarse en materia de telecomunicaciones, bajo la operación de Iusacell, lo que motivaría la concentración de más medios de comunicación e infraestructuras en un solo conglomerado: Grupo Televisa.

“En conclusión: esta decisión es un grave retroceso en materia de competencia, diversidad y pluralidad en los medios de comunicación porque los beneficios son para las empresas que concentran el 96 por ciento de todas las concesiones televisivas otorgadas en el país, y porque no se tomaron otras decisiones para mejorar la competitividad en el sector mediante la licitación de frecuencias de televisión para crear nuevas redes nacionales de televisión, el fortalecimiento de los medios de servicio público y la producción independiente, así como reconocimiento legal de los medios comunitarios.

“Señor Presidente: le solicito muy respetuosamente revisar esta decisión de la Cofetel que sólo empoderará más, política y económicamente al duopolio de la televisión”.

Estoy convencido que la decisión de la Cofetel a la que me refiero en mi carta al Presidente, contraviene no sólo el Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, sino que ignora los criterios jurisprudenciales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió después de la Acción de Inconstitucionalidad que promovimos diversos senadores en contra de la Ley Televisa en el año 2006. El Acuerdo establece: “Para garantizar la continuidad del servicio de televisión analógica y el desarrollo del proceso de transición a la TDT, resulta necesario utilizar temporalmente un canal adicional por cada canal analógico, en el que se transmita digitalmente, en forma simultánea, la misma programación que se difunda en el canal analógico”.

Asimismo, la tesis jurisprudencial 66/2007 de la SCJN, que derivó de la declaración de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión en 2007, establece: “Concesión o permiso sobre bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico se otorgan para un uso específico. Es el uso que se le da a la banda de frecuencia para servicios de radiodifusión (radio y televisión abiertas) lo que origina la necesidad de obtener la concesión o el permiso, según se trate de estaciones comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, de escuelas radiofónicas o de las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios”.

La decisión de la COFETEL para que Televisión Digital de Monterrey (Multimedios), Tele Nacional de Tijuana (Televisa) y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales puedan transmitir programas adicionales en su señal digital y diferentes a los transmitidos en su señal analógica, abre la puerta para que otros concesionarios de televisión soliciten transmitir en el canal digital, programas adicionales, con la posibilidad de comercializar ésta programación sin que el Estado realice la debida licitación y reciba la prestación correspondiente.

Es importante recordar que el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión declarado inconstitucional por la Corte, posibilitaba a los concesionarios utilizar el espacio liberado con motivo de la digitalización, para prestar otros servicios de telecomunicaciones emitiendo una mera solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin un proceso de licitación previo y dejando a la autoridad la arbitraria facultad de cobrar o no una contraprestación por ello.

El artículo anterior se consideró violatorio de los artículos 1º, 6º, 25,26, 27 y 28 de la Constitución al transgredir los principios de igualdad, rectoría económica del Estado, la utilización social de los bienes del dominio público de la Federación materia de concesión, propiciar fenómenos de concentración contrarios al interés público, y afectar con ello también a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por lo mismo, resulta cuestionable que los comisionados Mony de Swaan, José Luis Peralta, Gonzalo Martínez Pous y Ernesto Gil Elorduy, hayan aprobado este acto contrario a la nación apenas dos meses después de la salida del ex comisionado Rafael del Villar. Del Villar se manifestó en numerosas ocasiones en contra de esta determinación. El documento que mejor refleja su postura es el voto particular que emitió en contra de la resolución de la COFETEL por no multar a Tv Azteca por la comercialización de programación adicional en su canal digital a través de la venta del dispositivo Hi-Tv en 2010.

En ese tiempo, los demás comisionados justificaron los actos de Televisión Azteca con el Acuerdo, argumentando que en él se incluye “el multiplexeo”, sin embargo Del Villar explica en su voto que éste es sólo una técnica de la Televisión Digital, sin que éste sea sinónimo de “multiprogramación”. Así pues, el multiplexeo permite la transmisión simultánea de varias señales, (audio, video, datos de control, auxiliares), pero en ningún momento la transmisión simultánea de varias señales debe entenderse como transmisión simultánea de varias programaciones. Del Villar dijo en 2010: “el que técnicamente la televisión digital permita transmitir programación múltiple y simultánea, no otorga el derecho a los operadores a transmitirla. Para esto es necesario recurrir al marco legal a que la adopción de la televisión digital esté sujeta”.

Su conclusión fue contundente: “En apego a los principios constitucionales de pluralidad e igualdad, es cuestionable que la transmisión de un mayor número de programas de televisión por un mismo concesionario pueda garantizar la pluralidad en la programación y en los contenidos. De igual forma, no considero que la concentración en la explotación de la nueva capacidad de transmisión de programas de televisión contribuya a la igualdad de oportunidades del sector”.

Está decisión de la Cofetel, está montada en una pretensión mayor a la de sólo autorizar canales adicionales a los actuales concesionarios de TV abierta, sino que tiene el propósito de resarcir por la vía administrativa, la autorización de servicios adicionales de telecomunicaciones, precisamente lo que la Corte declaró inconstitucional en la Ley Televisa. Así lo plantea con todas sus letras el proyecto que ese mismo órgano regulador envió la semana pasada a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para modificar la política de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Ese proyecto que se encuentra en la página de Internet de la Cofemer dice: “Mediante la TDT, se podrá hacer uso de las atribuciones que el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias incluya en las bandas de los canales 2 al 51. En este sentido, podrá incluirse la transmisión de multiprogramas y la información complementaria al servicio de radiodifusión, la prestación de servicios móviles de radiodifusión, así como todos los servicios de telecomunicaciones que tecnológicamente son viables, tales como el de televisión y audio restringidos, difusión de datos, video sobre demanda, entre otros.

“Sin perjuicio de lo anterior, el servicio de radiodifusión deberá prestarse de manera directa y gratuita en todo momento, manteniendo continuidad en los servicios que actualmente recibe la población mediante la televisión analógica. Los servicios de telecomunicaciones que pudieran prestarse en las bandas de radiodifusión señaladas se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y las disposiciones aplicables.”

De consumarse este despropósito, estaríamos ante un grave incumplimiento de sentencia dictada por la SCJN. Tengo la convicción de que el Presidente de la República no lo permitirá; además de suicida para sus planes de adelanto del apagón analógico, se estaría regresando a una noche oscura de la política mexicana, de la que ya debería ser hora que todos aprendieran la lección.

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