La libertad de expresión en Venezuela

La dictadura bolivariana

Por: Lidia Falcón* Televen, la emisora de televisión privada venezolana que se creó en el año 1988, está emitiendo su programa diario de noticias, sucesos y debates sin que se haya interrumpido nunca en los últimos 15 años de gobiernos revolucionarios. Minuto a minuto, hora por hora, durante 24, nos explica la desgracia que supone para Venezuela ser gobernada por el Partido Socialista Unido y presidida por Nicolás Maduro. Únicamente una vez a la semana José Vicente Rangel, veterano periodista de izquierdas, tiene un programa donde entrevista a personajes del chavismo. Decenas de otras televisiones privadas siguen emitiendo cotidianamente tremendas críticas al Gobierno. Según lo que éstas aseguran, en el país no hay harina, ni aceite, ni azúcar, ni pan. No hay agua y no se puede cocinar por la falta de gas y la gente prácticamente vive en la Edad de Piedra, alumbrándose con velas y comiendo hierba. Más de 115 periódicos se publican en papel en Venezuela, de ellos el 90% pertenece a empresas privadas que están indignadas con los planes de redistribuir la riqueza en el pueblo venezolano, que comenzaron a implantarse con el triunfo electoral de Hugo Chávez, y que así lo publican diariamente desde hace 15 años. Todos ellos dedican enormes páginas a informar de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno del país, publican diariamente artículos de opinión, editoriales, entrevistas, chistes, viñetas, columnas, dedicados a acusar a todos los dirigentes chavistas de corruptos, ineptos, enchufados e ineficaces. En 1998, cuando Chávez ganó sus primeras elecciones, existían 331 radios privadas, en 2010 eran 466. Las radios públicas son 250 y las comunitarias 243. En 1998 eran 32 las televisiones privadas, hoy alcanzan la cifra de 61, y entre ellas destacan Venevisión, Televén y Globovisión. Frente a estas cifras de la presencia de medios de comunicación privados, en esta supuesta dictadura bolivariana, los españoles fuimos convenientemente informados del escándalo que supuso que a una de ellas, RCTV, no le fuera renovada la conexión pública y tuviera que verse reducida a emitir por cable. Era el ejemplo perfecto de la persecución de la libertad de expresión a que se dedica el chavismo. Los gobiernos revolucionarios han permitido que todas las grandes empresas internacionales sigan operando en el país, con la excepción de hidrocarburos. En competencia con las operadoras de telefonía públicas Movilnet y Cantv, Digitel y Movistar siguen trabajando tranquilamente en el país. Y por supuesto La Polar, Nestlé, Coca-Cola, Philips y tantas otras que dominan el mercado de alimentos y nuevas tecnologías. Las consecuencias son que el abastecimiento de productos básicos se encuentra a merced de las directrices de las empresas que no suelen ser chavistas. Igual que en el Chile que organizó el golpe contra Allende, la escasez de productos básicos se provoca por la estrategia de la burguesía para minar la credibilidad del Gobierno. La falta de papel higiénico se convirtió en el tema sacramental de las quejas de la clase media y burguesía, que en cambio tienen los centros comerciales privados llenos de ropa, zapatos, perfumes y joyas, artículos la mayoría de importación, para los que al parecer no faltan las divisas que no emplean en comprar papel higiénico. Esos medios de comunicación, según ellos perseguidos por el Gobierno, se han dedicado durante los tres meses ininterrumpidos de protestas de las guarimbas a publicitar al mundo entero cómo la policía detenía a los manifestantes, según ellos pacíficos estudiantes. Los disturbios se produjeron sólo en seis estados —de los 24 que tiene el país—, en los barrios ricos del 1% de los 355 municipios, todos de grandes ciudades, administradas por la oposición y en las urbanizaciones de clase media. Los “pacíficos” estudiantes, que sólo lo eran en un 20%, incendiaron edificios de centros de salud, escuelas, guarderías infantiles, universidades públicas, oficinas del Gobierno y negocios privados, y ponían alambres atados a los árboles para que peatones y motoristas fueran degollados. El saldo de los tres meses fue de 42 muertos, según cifras de la oposición, entre civiles y agentes del orden público. Esa misma prensa que se dice amordazada cuenta cada día que el Gobierno no respeta los derechos humanos porque después de haber detenido a 3.200 personas todavía hay 91 encarcelados, y que el sistema ha cometido la gran injusticia de detener a los acusados con sólo un acta policial, como si las detenciones, en todos los países democráticos occidentales, ejemplo de respeto a las normas constitucionales, no se practicaran mediante el mismo sistema: la denuncia policial. Lo que no cuenta esa prensa objetiva y neutral es que la mayoría de esos muertos son chavistas, 10 eran funcionarios públicos; que únicamente el 7% de los detenidos recibieron medidas privativas de libertad y que 19 efectivos de las fuerzas de seguridad están procesados por excesos en las detenciones. Tampoco cuentan que entre los detenidos hay 58 extranjeros, mercenarios implicados en acciones terroristas, y uso de armas de fuego, comandadas por grupos de ultra derecha. Entre ellos, Gabriel Alejandro Reyes Beltrán que está reclamado por la INTERPOL a solicitud del Gobierno español por narcotráfico. Indignado está el periódico El Universal porque a dos muchachos que fueron detenidos el juzgado los consideró inocentes y los dejó en libertad 33 días después. No sé si tras el juicio y la sentencia, porque en ese caso la rapidez de la Justicia venezolana supera en mucho a la española. El caso evidente es que la mayoría de los culpables de los destrozos causados en el patrimonio público y privado, que ascienden a 15.000 millones de dólares, no han sido detenidos ni siquiera identificados. Y que los tribunales han puesto en libertad a más de 3.000 personas en sólo unos días. Lo que resulta más penoso para esos medios de comunicación, sus propietarios y representantes, los políticos de la oposición, los empresarios que esconden los suministros y los alimentos, la oligarquía que durante dos siglos ha exprimido al pueblo y disfrutado de todos los tesoros del país es que a pesar de la escasez de algunos productos, de que a veces —y sólo a veces como he podido comprobar— se forman interminables colas, de que la propaganda antichavista llena las pantallas, las páginas impresas y las paredes de grafitis, carteles, dibujos y viñetas de varios metros de longitud, que nadie borra; el pueblo, el pueblo llano, ese que vive en los ranchitos, en los poblados, en los nuevos barrios construidos en los últimos años, que tiene que desplazarse en los autobuses llenos hasta los topes, que trabaja duramente para sacar adelante al país y disfruta de menos beneficios que los ejecutivos de las grandes empresas, no se ha lanzado a las calles de las ciudades, por millones, a manifestarse contra el Gobierno, como hizo para abortar el golpe de Estado contra Chávez en el 2002. Porque el pueblo venezolano sabe que únicamente la revolución bolivariana que ahora comienza, a pesar de todas sus dificultades, puede construir un nuevo país que le redima de su explotación secular. Y que ni esa oposición fascista, disfrazada de democrática, ni las promesas de la MUD, Mesa de Unidad Democrática, les darán nunca ni comida ni techo ni sanidad ni educación, como no lo hicieron nunca en más de medio siglo los partidos políticos de la derecha que se repartieron el poder. Porque la “dictadura bolivariana” que tantos publicistas de la derecha aborrecen respeta la libertad de expresión de los medios de comunicación privados que son mayoría en el país, aguanta estoicamente los ataques, incluso armados, de los sicarios de la oligarquía, y es más respetuosa con la empresa privada de lo que esta se merece. Deseo que no tenga que arrepentirse nunca de ello. *Lidia Falcón O’Neill, es licenciada en Derecho, en Arte Dramático y Periodismo y Doctora en Filosofía. Nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Wooster, Ohio. Es fundadora de las revistas Vindicación Feminista, y Poder y Libertad, que actualmente dirige. Fuente: publico.es