Propuestas para reconstruir al Estado Mexicano
Manifiesto "¡Reconstruyamos nuestra
nación!"
“El
derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo
ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir
a ese desarrollo y a disfrutar de él.” (Declaración sobre el derecho al
desarrollo, Asamblea General de la ONU, 1986).
Quienes firmamos este documento, catedráticos
e investigadores miembros del Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva
Estrategia de Desarrollo, compartimos la indignación y el hartazgo de la
ciudadanía ante la crisis de derechos humanos, la inseguridad pública, la
violencia y la complicidad entre autoridades y delincuentes; ante la corrupción
y los pactos de impunidad explícitos o implícitos que estimulan los crímenes y
fomentan el enriquecimiento ilícito; ante la flotante casta de políticos que
luchan por los cargos públicos como botín pero no conectan con las necesidades
y aspiraciones de los ciudadanos; ante los privilegios que se autoasignan los
altos funcionarios públicos y la vida de reyes que se dan con dinero de los
contribuyentes; ante la afrentosa desigualdad que ubica al presidente de la
Suprema Corte de Justicia de México como el mejor pagado del planeta (con un
salario mensual de 563,417 pesos) y al salario mínimo en México (de 2,132 pesos
al mes) como el más bajo no solo entre los países de la OCDE sino también de
América Latina; ante la creciente pobreza, marginación, polarización social y
exilio de más de doce millones de mexicanos que se han ido al extranjero
durante las últimas tres décadas en busca de empleos que no encuentran en
nuestra patria, debido a la obcecada aplicación de una estrategia económica claramente
fracasada en términos de crecimiento del producto nacional y del bienestar de
la mayoría de los mexicanos.
De hecho, cumplimos ya tres décadas perdidas
para el desarrollo y estamos al comienzo de la cuarta década perdida. Durante
el periodo 1983-2014, el crecimiento del PIB mexicano ha sido de 2.3% anual (y
en el primer bienio de gobierno de Peña Nieto fue de 1.8% anual), de modo que
el PIB per cápita apenas ha crecido a una tasa media de 0.6% anual con un
crecimiento acumulado de 22.4% en estos 32 años, sin considerar a los 12
millones de emigrados al extranjero; si los incluimos, el PIB per cápita sólo
ha crecido 0.3% anual, con un crecimiento acumulado de 10.2%.
Comparativamente, durante el periodo
1935-1982, el PIB mexicano creció a una tasa media de 6.1% anual y el
crecimiento del PIB per cápita fue de 3.2% anual, con un crecimiento acumulado
per cápita de 348% en 48 años. En 1982, México era la octava economía del
planeta con un PIB de 632,521 millones de dólares estadounidenses a precios
constantes de 1990 corregidos a paridad de poder adquisitivo (PPA), mientras
que China era la décima economía, con un PIB de 515,321.3 millones de dólares
PPA de 1990. Treinta y un años después, China se convirtió en la segunda economía
del mundo, con un PIB de 10,102,998.9 mdd PPA de 1990, mientras que México
descendió al onceavo lugar con un PIB de 1,288,065.8 mdd PPA de 1990.
No sólo extraviamos el camino del desarrollo,
también sufrimos un fuerte deterioro del bienestar de las mayorías nacionales.
Durante el periodo 1983-2014, los salarios mínimos perdieron el 71.9% de su
poder de compra, los salarios contractuales en las ramas de jurisdicción
federal sufrieron una caída real de 64.4%, y los ingresos medios de los
campesinos se redujeron más de un tercio en términos reales; se agigantó el
sector informal de la economía hasta incluir al 58% de los ocupados; y más de
treinta millones de mexicanos cayeron en la pobreza. Nos enfilamos así hacia
una grave pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más
alarmantes.
Saldremos de este túnel oscuro. El estallido
de indignación emergido desde muy amplios y diversos segmentos sociales unidos
en el clamor de ¡¡basta ya!! es la expresión de la esperanza. ¿Pero qué habrá
después de la oscuridad? ¿Cuál es el México posible al que aspiramos y deseamos
ver a plena luz? No hay duda: la restauración de la cohesión social, de la
convivencia justa y digna entre los mexicanos, exige un magno esfuerzo de
inteligencia colectiva, de buena fe y de convergencia de voluntades para
encontrar los caminos viables de un México mejor.
Precisamente cuando fundamos el Consejo
Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo nos trazamos
como primer objetivo: “conjuntar nuestros esfuerzos para formular un sistema
integral de propuestas viables de políticas públicas capaces de superar el
pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las
últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los
cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático”.*
Ahora, 3 frente a la profunda crisis que ha sacudido la conciencia ciudadana,
proponemos los siguientes cursos de acción para la reconstrucción de nuestra
nación:**
QUÉ HACER PARA QUE LA ECONOMÍA CREZCA MÁS Y GENERE SUFICIENTES EMPLEOS DIGNOS
El primer gran reto es superar la pobreza y
reducir la desigualdad que padece nuestra nación, lo cual no es susceptible de
lograrse a través de simples mecanismos de compensación social; para lograrlo
es preciso articular, sinérgica y positivamente, la política económica y la
social, a fin de asegurar la plena inclusión de toda la población en las tareas
y los beneficios del desarrollo, dejando atrás la marginación y la exclusión.
Por ello proponemos:
1. Fortalecer el mercado interno como el
principal motor del desarrollo económico, a través de la elevación sostenida
del poder adquisitivo de los salarios y del estímulo a la producción de bienes
de consumo, intermedios y de capital de origen nacional, lo que traerá consigo
el mejoramiento de la calidad de vida de la población y mayores encadenamientos
productivos internos, tanto de las industrias que abastecen el mercado interno
como de las industrias exportadoras, con la consiguiente mayor generación de
empleos dignos. (Por el contrario, la estrategia económica vigente que erige el
mercado externo como el principal motor de desarrollo fincando la competitividad
de las exportaciones en una política de bajos salarios y en la liberalización
comercial para importar bienes intermedios y de capital, ha traído consigo la
caída del poder de compra de los trabajadores, la desarticulación interna de la
planta productiva y una menor generación de empleos, debilitando
sistemáticamente el mercado interno).
Proponemos también aplicar una política de
comercio exterior pragmática que utilice al máximo los márgenes de maniobra
para regular nuestro comercio exterior, aplicando (exactamente igual a como
proceden —aunque no lo prediquen— Estados Unidos, Canadá y los demás países
desarrollados) aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra
prácticas desleales de comercio, a las cuales tenemos derecho como parte
contratante de la OMC e incluso del TLCAN (y de otros acuerdos comerciales),
sin demérito de aplicar órdenes de mercadeo y otras restricciones cuantitativas
habitualmente aplicadas por los países desarrollados y por las exitosas
economías emergentes.
2. Para minimizar la volatilidad del
crecimiento económico y de la generación de empleos proponemos re direccionar
las políticas macroeconómicas (monetaria, fiscal y cambiaria) desde el enfoque
actual centrado en la estabilidad de precios y el balance fiscal, hacia un
enfoque centrado en el crecimiento sostenido de la economía real. Para lograr
este objetivo proponemos reformar la Ley del Banco de México, a fin de ampliar
el mandato de nuestro banco central, que hoy tiene como única tarea
macroeconómica el control de la inflación, para que se ocupe también —como
hacen los bancos centrales de Estados Unidos y Canadá— del crecimiento
sostenido del producto nacional y del empleo; y reformar la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de ampliar el mandato de la
SHCP para que no sólo atienda el balance fiscal, sino también sea
corresponsable del crecimiento sostenido de la economía real y del empleo.
Proponemos también una política de tipo de cambio real competitivo que
contribuya al crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo por dos
vías: 1) apuntalando la competitividad-precio de los productos mexicanos, tanto
en los mercados externos, como en el mercado interno frente a las
importaciones, y 2) asegurando el equilibrio sostenible de las cuentas
externas, lo que permitirá poner fin a los ciclos de freno y arranque
originados en choques externos que desfondan nuestra economía debido a la
vulnerabilidad que provoca la insana dependencia del ahorro externo.
Finalmente, para reducir los elevados costos de la acumulación de reservas
internacionales ―y los riesgos que esto implica, derivados del carácter
golondrino de la inversión extranjera en títulos de deuda pública― proponemos
reducir los requerimientos de reserva mediante los mecanismos macroprudenciales
aprobados por el FMI, que incluyen el eventual control de capitales, liberando
así excedentes de divisas que deben ser utilizados para estimular el
crecimiento económico, canalizándolos a inversiones productivas. 5
3. Desplegar una nueva estrategia de
industrialización con cuatro objetivos básicos: 1) incrementar la articulación
interna de la planta productiva; 2) lograr una balanza comercial manufacturera
equilibrada; 3) inducir una elevada tasa de generación de empleos
manufactureros; 4) cerrar la brecha tecnológica y de estructura industrial
entre México y los países líderes, incluso en las industrias de tecnología
avanzada. Para lograr estos objetivos, los instrumentos fundamentales de
política pública son: 1) políticas macroeconómicas favorables al desarrollo
manufacturero, especialmente la política de tipo de cambio real competitivo
antes indicada; 2) políticas generales de fomento económico (construcción de
infraestructura, formación de recursos humanos, sistema financiero competitivo,
etc.); 3) instrumentos horizontales de fomento manufacturero, es decir
aplicables sin distinción de sectores, como son los incentivos a la innovación
y a la transferencia tecnológica, y los apoyos crediticos con tasas
preferenciales para micros, pequeñas y medianas industrias, entre otros; 4)
formulación de una estrategia sectorizada de desarrollo industrial dirigida
prioritariamente a aquellos sectores que generan mayores beneficios y efectos
multiplicadores (desarrollo tecnológico, encadenamientos productivos con mayor
participación de micros, pequeñas y medianas empresas, economías de redes,
etc.); 5) instrumentos sectoriales de fomento de los sectores prioritarios e
innovadores, utilizando los márgenes de maniobra que tenemos en el TLCAN y la
OMC, como son el crédito preferencial, las compras públicas, el apalancamiento
o asociación con capital de riesgo por la banca de desarrollo, y subsidios
especiales. Hay que recordarlo: los procesos de industrialización exitosos han
derivado de especialidades y ventajas competitivas adquiridas a propósito
mediante resueltas acciones de política industrial.
4. Restablecer nuestra soberanía alimentaria y
promover el desarrollo incluyente del sector agropecuario, forestal y pesquero.
Es factible sustituir la importación de alimentos por producción nacional,
aumentando la productividad y el empleo rural, así como el ingreso de los
campesinos y demás productores, mediante los siguientes instrumentos de
fomento: 1) un sistema de precios de garantía o soporte, o bien generalizar el
sistema de ingreso objetivo introducido desde 2002-2003, extendiéndolo a todas
las zonas de producción del país y a todos los productos y cultivos básicos
definidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 2) reestructurar el
sistema público de desarrollo de la ciencia y la tecnología en el ámbito
agropecuario, forestal y pesquero, para disminuir costos unitarios, introducir
tecnologías de bajo costo 6 energético y minimizar los efectos del cambio
climático, apoyando su difusión a través de robustos programas de
extensionismo; 3) incrementar sustancialmente la inversión pública en
infraestructura rural (obras hidráulicas, caminos, recuperación de suelos,
bodegas, etc.); 4) asegurar una oferta satisfactoria de crédito fresco para las
actividades agropecuarias (con segmentación de tasas, según el tipo de
productor y vinculándolo a programas de asistencia técnica), acompañando el crédito
con seguro agrícola con primas subsidiadas, e introduciendo un sesgo preferente
hacia los fondos de autoaseguramiento y las organizaciones de productores; 5)
desarrollar programas diferenciados para la atención de los diversos segmentos
de productores, dada la macrodiversidad productiva y la estructura de
productores de nuestro país, atendiendo especialmente a las pequeñas unidades
de producción campesinas; 6) un sistema integral de pagos por servicios
ambientales, orientado a mitigar el cambio climático y detener o revertir el
deterioro de nuestros recursos naturales; 7) intervención para la corrección de
fallas de mercado, atacando prácticas anticompetitivas, reduciendo el peso de
los monopolios, corrigiendo también las formas de intervención gubernamental
que auspician la creación de monopolios privados, y promoviendo la reducción de
costos de intermediación a través de la modernización de los arcaicos sistemas
de mercado y logística de los alimentos que aún prevalecen en amplias zonas del
país; 8) asegurar una oferta suficiente de semillas mejoradas de polinización
libre y aplicar el principio precautorio respecto a las semillas transgénicas.
5. Proponemos una política energética en los
siguientes cursos de acción: 1) administrar inteligentemente los declinantes
recursos petroleros del país; 2) acelerar la transición hacia las fuentes
renovables de energía; 3) establecer una estrategia endógena de investigación y
desarrollo tecnológico en materia energética con visión de largo plazo; 4)
concentrar atención y recursos en la racionalización del consumo de energía; 5)
elevar la eficiencia y la seguridad en la cadena de suministro de petrolíferos
y gas natural reduciendo la importación de petrolíferos y aumentando la
integración nacional de la petroquímica; 6) garantizar el acceso de todos a la
electricidad y eliminar el riesgo de escasez y precios altos; 7) revalorar el
papel de Pemex y CFE en el desarrollo; 8) mejorar la transparencia y la
rendición de cuentas en las actividades, las empresas y los reguladores; y 9)
democratizar la política energética y respetar las decisiones de las
comunidades; 10) para asegurar la sostenibilidad energética del país, y en
virtud de que la reforma energética recientemente aprobada por el Congreso fue
rechazada por más 7 del sesenta por ciento de la ciudadanía según diversas
encuestas, proponemos derogar dicha reforma devolviendo al Estado la plena
soberanía en materia energética. Mientras tanto, una de nuestras mayores
preocupaciones ―aducida por la ciudadanía como una de las razones de su rechazo
a la reforma energética― ha sido también compartida por el colega Paul Krugman
quien durante su reciente estancia en México (27/03/2015) advirtió que en
procesos de privatización del sector energético ha habido casos, incluso en
Estados Unidos e Israel en los que las concesiones o licitaciones “han
resultado ser un regalo”. Por eso proponemos una urgente batería de medidas en
materia de transparencia y rendición de cuentas en el sector energético,
comenzando por garantizar la difusión y la consulta pública de autorizaciones,
contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades, asociaciones,
coinversiones que el Estado conceda o suscriba con particulares, empresas
productivas del Estado, subsidiarias y filiales, así como de todos aquellos que
éstas celebren.
6. Proponemos una política de Estado en
materia de ciencia, tecnología, innovación y competitividad a través de los
siguientes cursos de acción: 1) incrementar significativamente la cantidad y la
calidad del gasto público en ciencia y tecnología; 2) descentralizar el sistema
científico y tecnológico bajo una clara estrategia de regionalización y
articulación con la estrategia de industrialización antes definida; 3) invertir
en la formación de recursos humanos que impulsen la generación y transferencia
de conocimientos así como la innovación en las esferas productiva,
gubernamental, científica y de desarrollo tecnológico; 4) fomentar los vínculos
de las empresas privadas y del sector social con los centros de investigación
públicos y con las instituciones educativas; 5) desarrollar programas de
fomento a la innovación atendiendo especialmente las redes locales de pymes
innovadoras; 6) pasar a una visión integral de la competitividad sistémica de
la economía nacional, que atienda el conjunto de sus determinantes, incluyendo
la calidad de las instituciones, la infraestructura, el ambiente
macroeconómico, la salud de la población, la educación superior y la
capacitación de los trabajadores, el desarrollo del sistema financiero,
etcétera, a fin de que el Estado asuma y cumpla eficazmente sus
responsabilidades en el desarrollo de la competitividad nacional. La atención
de estas áreas es uno de los factores explicativos del éxito económico de las
naciones; constituye un componente fundamental de una estrategia consistente
para elevar la eficiencia y generar empleos cada vez mejor remunerados; y es,
por ello, factor relevante para que México logre ir cerrando las 8 brechas ―de
productividad, ingreso y calidad de vida― que nos separan de los países
industrializados o de altos ingresos.
II
QUÉ HACER PARA LOGRAR EL PLENO EJERCICIO DE
LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
1. Instrumentar políticas de empleo digno,
distribución del ingreso y superación de la pobreza. Puesto que la insuficiente
generación de empleos formales está asociada a la baja tasa media de
crecimiento del PIB (que fue de 2.3% anual durante el periodo 1983-2014), la
cual ha sido causado por la estrategia económica aplicada desde 1983 hasta el
presente, proponemos pasar a una nueva estrategia de desarrollo ―cuyos
instrumentos fundamentales resumimos en este documento― que asegure un
crecimiento del PIB similar al observado durante el periodo 1935-1982, que fue
de 6.1% anual.
Proponemos también una política salarial que
tenga dos objetivos: 1) elevar paulatinamente el poder adquisitivo de los
trabajadores; y 2) mejorar la distribución del ingreso entre los factores de la
producción. Para lograrlo, la tasa de incremento anual de los salarios mínimos
debe superar la suma de las tasas de inflación y de incremento de la
productividad observadas en el año previo. Una política salarial así fue
aplicada en México durante la época del desarrollo estabilizador: no provocó inflación
(su tasa media fue de 2.5% anual en el periodo 1959-1970), y sí permitió una
incremento del PIB a una tasa media del 6.7% anual, debido al robusto
crecimiento del mercado interno.
Hacer realidad el Estado democrático de
derecho en el mundo laboral, a través de los siguientes cursos de acción: 1)
crear un instituto autónomo para el establecimiento del salario mínimo; 2)
crear un instituto autónomo para el registro de 9 sindicatos y contratos
colectivos de trabajo, como garante de la libertad y democracia sindical y de
la auténtica contratación colectiva; 3) suprimir las Juntas de Conciliación y
Arbitraje y crear en su lugar Jueces de lo Laboral; 4) derogar la reforma
laboral aprobada por el Congreso en 2012 y realizar una reforma laboral acorde
con la normatividad de la Organización Internacional del Trabajo.
Proponemos también ampliar el programa
Prospera en las zonas urbanas, donde está creciendo la pobreza, eliminando las
condicionalidades que suponen la inversión de tiempo de las mujeres, y aplicar
Prospera en las comunidades rurales sin escuela y/o sin clínica que en una alta
proporción son indígenas y hoy están desatendidas. En el mediano plazo se
propone la desaparición de Prospera y su sustitución por la institución gradual
de un ingreso ciudadano garantizado, cuya viabilidad económica se evidencia en el
hecho de que otros países con un PIB per cápita menor del que actualmente tiene
México, instituyeron, en su momento, modelos muy avanzados de Estado de
bienestar.
2. Construir un Estado de bienestar moderno
que asegure el pleno ejercicio de los derechos sociales mediante los siguientes
cursos de acción: 1) instituir un sistema único de salud, público y gratuito
que garantice el derecho a los servicios de salud para todos, a partir de un
modelo normativo que asegure igualdad de acceso a un conjunto creciente de
servicios, ofrecidos con la misma calidad para todos; 2) garantizar una pensión
universal para los adultos mayores de 65 años que carezcan de seguridad social,
que forme parte de un sistema de pensiones públicas, financiado públicamente y
no contributivo, que fije montos suficientes para asegurar una vida digna a
quienes las reciban, complementado de un plan contributivo para quienes
trabajan en el sector formal, de administración pública y con una pensión
digna; 3) desarrollar un sistema de seguro del desempleo, universal no
contributivo, articulado con políticas de capacitación y calificación laboral,
así como de políticas de activación laboral; 4) instituir gradualmente un
ingreso ciudadano universal mínimo garantizado, para reemplazar el programa Prospera,
y concebir este nuevo derecho como un seguro contra la pobreza extrema y como
un mecanismo anticíclico en situaciones de crisis y vulnerabilidad; 5)
establecer un sistema universal de vigilancia y promoción nutricional para
detectar y prevenir de manera oportuna riesgos y daños derivados de la
desnutrición y de la obesidad infantil; 6) establecer una política de vivienda
para hacer frente a la exclusión de los programas de vivienda de la mitad de la
población, que busque el pleno ejercicio del derecho constitucional a disfrutar
de una vivienda digna; 10 7) promover y garantizar la equidad de género en el
trabajo, la escuela, la familia y en todos los ámbitos públicos y privados; 8)
garantizar el pleno ejercicio de una ciudadanía étnica que asegure el derecho
de los pueblos indígenas a la libre determinación.
Para el cumplimiento cabal de estos derechos,
proponemos instituir una procuraduría de derechos sociales, y realizar las
reformas legales pertinentes para hacer exigibles los derechos sociales,
estipulando los sujetos obligados a otorgar los respectivos bienes públicos, su
financiamiento multianual y las penas a los funcionarios que incumplan.
3. Instrumentar una auténtica reforma
educativa que resuelva de raíz las desigualdades de acceso, permanencia y
resultados de aprendizaje y al mismo tiempo incremente sustancialmente la
calidad académica desde el preescolar hasta el posgrado. Es indispensable
reconocer el papel central de la educación en el desarrollo de las capacidades
necesarias para la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Para
ello proponemos: 1) elevar la cantidad, pero sobre todo la calidad, del gasto
público en educación y distribuirlo con criterios de equidad con el fin de
atender proporcionalmente las necesidades de los grupos vulnerables; 2)
revertir los rezagos de cobertura en educación básica, media superior y
superior, 3) desarrollar modelos educativos con relevancia social y pertinencia
cultural, 4) impulsar la introducción de innovaciones pedagógicas, precedida de
procesos cuidadosos de desarrollo experimental; 5) impulsar como prioridad
programas y estrategias efectivas de formación y actualización del magisterio y
un sistema de incentivos para el desarrollo de la carrera académica.
4. Una política integral de atención a la
problemática de los jóvenes que los reconozca cabalmente como sujetos de
derechos, y asuma que los jóvenes no son sólo un recurso para el desarrollo,
sino que el desarrollo económico, social, cultural e institucional es un
recurso para el desarrollo de los jóvenes, para que cada uno de ellos encuentre
caminos abiertos para realizar de manera independiente su propio proyecto de
vida. Para ello proponemos: 1) asegurar una oferta suficiente de empleos dignos
para aquellos que desean insertarse en el mercado laboral, mediante un robusto
crecimiento económico y el cumplimiento cabal de la función de inspección
laboral por la autoridad correspondiente, además de programas especiales de
empleo para jóvenes sobre todo en actividades de impacto comunitario, así como
para promover que los jóvenes egresados de educación superior y de posgrado
consigan empleos en las respectivas áreas para la 11 que fueron formados; 2)
superar la insuficiente oferta de oportunidades para que los jóvenes ingresen a
la educación media superior en instituciones de calidad que permitan continuar
con estudios profesionales; 3) elevar aceleradamente la cobertura de educación
superior y asegurar que los procesos de admisión para educación media superior
y superior realmente garanticen igualdad de oportunidades para los grupos más
vulnerables; 4) reconociendo los diferentes perfiles, culturas y necesidades de
los jóvenes, conformar programas y proyectos sociales, culturales, artísticos,
deportivos y civilizatorios diseñados, ejecutados y supervisados por jóvenes,
abrir espacios a los jóvenes en el campo político y conjugar políticas públicas
para construir ciudadanía entre los jóvenes.
5. Puesto que durante el periodo 1983-2014 más
de doce millones de mexicanos emigraron al extranjero en busca de empleos que
no encontraron en nuestro país, y haciéndonos cargo de que en Estados Unidos
residen más de treinta millones de personas de origen mexicano, proponemos
nuevas políticas públicas sobre migrantes. En lugar del enfoque policiaco de
seguridad nacional que hoy prevalece, debemos adoptar un enfoque de seguridad
humana establecido en las convenciones internacionales, que permita exigir el
respeto irrestricto de los derechos humanos de todos los migrantes mexicanos en
Estados Unidos y en otros países, y nos obligue a garantizar los derechos
humanos de todos los extranjeros que radiquen en México o transiten por el
territorio nacional. Con un criterio de colaboración permanente, debemos
desarrollar una estrategia para estrechar los vínculos sociales, económicos,
culturales y políticos con la comunidad hispano-mexicana de E.U; promover el
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias vinculadas con
organizaciones de migrantes; y fomentar las alianzas en planes, programas y proyectos
de desarrollo regional con enfoque transnacional.
III
CÓMO ASEGURAR LA SUSTENTABILIDAD DEL
DESARROLLO Y LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO REGIONAL Y URBANO
Sociedad, territorio y ambiente conforman una
gran unidad que requiere políticas integrales. Por ello es necesario asumir el
imperativo nacional de un desarrollo territorial incluyente y sustentable, para
lo cual proponemos:
1.
Asegurar la sustentabilidad del desarrollo mediante los siguientes cursos de
acción: 1) adoptar operativamente el enfoque de integración de políticas para
que las 12 decisiones económicas y sociales se adopten tomando en cuenta los
costos del deterioro y el agotamiento de los recursos y servicios ambientales,
de tal modo que las políticas de crecimiento económico asuman y reduzcan los
costos ambientales; 2) acelerar nuestra transición energética para aumentar el
uso de energías procedentes de fuentes no fósiles, sobre todo las eólicas y
solares, a fin de contribuir a mitigar el cambio climático; 3) adaptarnos al ya
inevitable cambio climático mediante políticas de prevención y respuesta que
reduzcan la vulnerabilidad social y económica, reorientando la protección civil
hacia estrategias integrales de atención de riesgos; 4) en la política de agua,
la prioridad debe ser satisfacer el derecho humano al acceso suficiente y
equitativo, a disponer de agua realmente potable, con garantías para dicho acceso
y formas claras de exigir este derecho, además de atender los principios
ambientales de protección de las fuentes hídricas, suelos y servicios
ambientales en las cuencas; 5) apoyar mejor el esfuerzo de las ciudades, las
zonas metropolitanas y los municipios en general para enfrentar la gestión
local de los residuos, la reducción de la contaminación atmosférica, el
ordenamiento del territorio, el ruido excesivo, el daño a los paisajes y las
demás tareas que están bajo responsabilidad de los gobiernos locales, para lo
cual se requiere una mejor concurrencia intergubernamental de la gestión
ambiental; 6) contar con una estrategia nacional para ordenar la producción y
el uso de los productos y sustancias riesgosas, y el mejor manejo de los
residuos peligrosos y de los domésticos.
2. Una nueva estrategia de desarrollo
territorial sustentable centrada en los siguientes cursos de acción: 1)
planeación del desarrollo territorial con horizonte de largo plazo donde se
insertan los planes sexenales; 2) priorizar el desarrollo desde las regiones y
no solo desde los sectores que conforman el gobierno, de manera que se
endogenice el diseño y la gestión de las políticas de desarrollo a fin de que
en cada región se seleccionen e impulsen actividades que aprovechen y potencien
las capacidades productivas, sociales, tecnológicas y medioambientales
disponibles y posibles; 3) asegurar la defensa de los recursos naturales, por
encima de los negocios privados (mineros, energéticos, inmobiliarios,
turísticos, etc.); 4) orientar las políticas y los recursos públicos hacia la
reducción efectiva de la desigualdad y la pobreza, promoviendo un desarrollo
regional incluyente y equitativo que garantice el bienestar de la sociedad en
el territorio.
IV
CÓMO FINANCIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE, EQUITATIVO Y SUSTENTABLE.
1. Transitar a un sistema tributario moderno, capaz de proveer al Estado
―en sus tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal― recursos
suficientes para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades en el
desarrollo económico y social, sin aumentar la carga fiscal de la población de
bajos ingresos ni la pagada por la clase media y por las mipymes, a través de
los siguientes cursos de acción: Primero: ampliar la base de
contribuyentes y de ingresos sujetos a tributación: 1) gravar con una tasa normal
de ISR los dividendos recibidos por los accionistas de las empresas; 2) gravar
las ganancias bursátiles obtenidas por personas físicas con una tasa
normal de ISR; 3) gravar las herencias mayores de diez millones de pesos con
elevadas progresividades; 4) gravar las grandes ganancias de capital de
las personas físicas; 5) gravar al capital especulativo extranjero; 6) gravar
las transferencias de capitales mexicanos al exterior; 7) incorporación de la grande
y mediana economía informal al régimen tributario. Segundo: mejorar
considerablemente la fiscalización y combatir resueltamente la 14 evasión fiscal; Tercero: simplificación y racionalización de la
legislación tributaria, eliminando regímenes especiales que generan múltiples
canales de elusión tributaria. Cuarto: acentuar significativamente la
progresividad del impuesto sobre la renta aumentando el número de rangos en los
ingresos mayores de dos millones de pesos, preferentemente mediante la
introducción de ISR locales, análogos a los impuestos estatales o
provinciales sobre el ingreso vigentes entre los otros dos socios del
TLCAN. Quinto: introducir una mayor diferenciación en las tasas de
IVA, aumentando las tasas a los bienes y servicios suntuarios; Sexto. Otorgar
mayores facultades tributarias a los estados y municipios e incrementar la
eficiencia recaudatoria en los actuales impuestos subnacionales.
Desde luego, la anterior reforma tributaria que permitiría incrementar
la recaudación en diez puntos porcentuales del PIB, debe ser parte de la reforma
integral de la administración pública que incluye eficaces sistemas de
transparencia, rendición de cuentas y auditoria social, no solo para asegurar
la probidad en el ejercicio del gasto público, sino también su eficiencia y
concordancia con el interés general de la nación.
2. Construir un sistema financiero moderno que cumpla cabalmente sus
funciones en el desarrollo, a través de los siguientes cursos de acción: 1) que
el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y Valores asuman plenamente
sus responsabilidades, utilizando las facultades que les ha conferido la
legislación para regular las tasas de interés y las comisiones y, en general,
asegurar el buen financiamiento del sistema financiero; 2) promover el ahorro y
el crédito, asegurando que en el sistema bancario haya instrumentos financieros
de ahorro protegidos que rindan tasas reales positivas y orientar el crédito a
sectores prioritarios mediante tasas competitivas; 3) obligar a los bancos
extranjeros a que coticen en la BMV para transparentar sus operaciones, además
de limitar y gravar el pago de dividendos que realizan a sus accionistas; 4)
reestructurar la banca de desarrollo para que retome sus funciones de promoción
del desarrollo económico y social, para lo cual debe operar directamente en
primer piso, tanto para la captación de ahorro como para el otorgamiento de
crédito, poniendo fin al enfoque de subordinación de la banca de desarrollo a
la banca privada; 5) crear un gran banco público que opere en amplia escala
comercial y actúe como banco testigo en competencia con los grandes bancos
privados; 6) para el financiamiento a través de la BMV, es necesario facilitar
el acceso a pequeñas y medianas empresas consolidadas, mediante una política
industrial activa; 7) realizar 15 una eficaz regulación de las instituciones microfinancieras que
garantice su solidez financiera, proteja el patrimonio de los ahorradores y les
otorgue tasas reales positivas, promueva el crédito a los micronegocios
regulando las tasas de interés, y apoye las labores de acompañamiento y los
servicios no financieros que brindan las microfinancieras; 8) aprovechar los
fondos de ahorro para el retiro para apoyar más a la actividad productiva,
principalmente mediante asociación con la banca de desarrollo, mejorando así los
rendimientos de los fondos y el crédito a la inversión productiva.
Puesto que los flujos de inversión extranjera de cartera (IEC) no están
relacionados con el crecimiento económico; y sí representan un alto riesgo por
eventuales salidas masivas de capitales especulativos, proponemos someter la
IEC a regulaciones prudenciales, que incluyan impuestos sobre flujos.
Finalmente, puesto que la inversión extranjera directa (IED) ingresada a
México durante las tres últimas décadas se ha orientado básicamente a la compra
de activos nacionales ya existentes, proponemos una política de IED similar a
la aplicada por las economías emergentes más exitosas del planeta,
condicionando el ingreso de IED a la transferencia de tecnología, a la
capacitación de trabajadores nacionales y a la formación de cadenas de
proveeduría internas, como parte de la estrategia nacional de
industrialización.
V
CÓMO LOGRAR UNA INSERCIÓN EFICIENTE Y DIGNA DE MÉXICO
EN LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN
1. México debe cambiar sustancialmente su actitud frente a los procesos
de globalización, en virtud de que éstos no generan espontáneamente —es decir,
por la simple acción de la “mano invisible del mercado”— un proceso de
convergencia económica, sino un ensanchamiento de las desigualdades entre
países pobres y ricos y entre estratos sociales perdedores y ganadores dentro
de cada país. En vez de un estilo pasivo de inserción en la globalización, a
través de la liberalización económica a ultranza y de la reducción de las
funciones del Estado en la promoción activa del desarrollo, México debe
redefinir internamente, mediante políticas económicas y sociales activas, su
propio estilo de desarrollo económico e inserción eficiente y digna en la
economía mundial.
Además, como promotor resuelto de una globalización incluyente y
equitativa, México debe impulsar la reforma de las instituciones de manejo de
la economía 16 mundial (FMI, Banco Mundial, OMC, etc.). No sólo se requiere continuar
la tarea de rediseñar la arquitectura del sistema financiero internacional;
también es necesario reformar y desarrollar otros arreglos institucionales en
materia de comercio, migración internacional y derechos de los migrantes,
propiedad intelectual y difusión de tecnologías, seguridad alimentaria, sustentabilidad
y desarrollo ambiental, etcétera, a fin de arribar a una gestión global de
carácter democrático, que atienda el crecimiento económico general y el reparto
equitativo de sus beneficios.
Desde luego, dada la dimensión y complejidad de estas reformas en la
gobernanza de la economía global, su cristalización plena no se vislumbra
cercana. Por eso, la clave del éxito consiste en poner el mayor énfasis en un
camino propio hacia la prosperidad, como los que han configurado a fuerza de
audacia e iniciativa histórica los paradigmáticos países emergentes y de nueva
industrialización, que han diseñado endógenamente e instrumentado soberanamente
sus estrategias de desarrollo.
2. México debe redefinir su geoestrategia de inserción en los procesos
de regionalización. Después de la adhesión de México al GATT (hoy OMC), el
gobierno mexicano emprendió una carrera negociadora de tratados de libre
comercio, comenzando por el TLCAN, hasta colocar a México en 2008 como país
líder del mundo en tratados de libre comercio. Pero esto no trajo consigo mayor
desarrollo económico, sino lo contrario: en 1990 México ocupaba el lugar 45
entre 189 países del mundo según su PIB per cápita medido a paridad de poder
adquisitivo; en 2013 descendió al lugar 66 entre esos mismos 189 países. La
razón es sencilla: ninguna evidencia internacional indica que el libre comercio
pueda conducir a un país subdesarrollado (o de desarrollo medio) hacia mayores
niveles de desarrollo económico.
En el TLCAN, las fuertes desigualdades iniciales en PIB per cápita entre
México, Estados Unidos y Canadá, lejos de reducirse se han agrandado; y sus
principales beneficiarios han sido las grandes corporaciones de los tres
países, mientras que nuestros pueblos han resultado ser perdedores netos. Por
eso proponemos una enmienda del TLCAN con tres componentes: 1) mejorar los
acuerdos laborales y ambientales garantizando el cumplimiento de los derechos
humanos en estas materias; 2) un acuerdo migratorio que desemboque en el libre
flujo de mano de obra; 3) la institución de fondos estructurales y de cohesión
social que aseguren el desarrollo incluyente y convergente de nuestros países y
regiones subnacionales. (Cabe aclarar, sin embargo, que esta renegociación del
TLCAN no es precondición para que nuestro país 17 aplique una nueva estrategia de desarrollo, que puede instrumentarse
utilizando los márgenes de maniobra disponibles en el TLCAN).
Los demás tratados de libre comercio firmados por México, incluido el
Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), han arrojado
resultados igualmente decepcionantes para México en términos de crecimiento
económico y bienestar para las mayorías nacionales.
Por eso, hay que poner fin a la carrera por firmar tratados de libre
comercio. Para empezar, México no debe firmar el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), que es promovido
principalmente por Estados Unidos y resultaría para México peor que el TLCAN.
Precisamente por eso China, India y muchos otros países no participan en el
TPP.
Una nueva geoestrategia de inserción en los procesos de regionalización
realmente congruente con nuestros intereses nacionales debe orientarse a: 1)
potenciar el desarrollo endógeno del país mediante una nueva estrategia de
desarrollo; 2) promover el respeto a la soberanía de las naciones, rechazando
las condicionalidades; 3) apoyar la multipolaridad en la economía global; 4)
participar en procesos de integración basados en la cooperación y la
solidaridad. En esta perspectiva, una política de mayor comercio y cooperación
para el desarrollo con Asia es algo congruente con el nuevo multipolarismo
encabezado por China, y muy recomendable por el gran dinamismo económico y
financiero de esa región. Además, hay que voltear hacia nuestra América Latina
y ―a la luz de los nuevos esquemas de cooperación económica y financiera que
están desarrollándose en la UNASUR y la ALBA-TCP― valorar la viabilidad de una
integración regional basada en la cooperación y la solidaridad, que podría
convertirse en vía ancha para que nuestra Patria Grande cruce unida los
umbrales del desarrollo.
VI
CÓMO RESTABLECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1. Proponemos una política de Estado democrática en seguridad pública
que tenga los siguientes cursos de acción: 1) golpes sistemáticos al nervio
financiero y patrimonial del crimen organizado; coordinación eficaz de los
órganos de inteligencia financiera para desmantelar empresas criminales y
firmas legales ligadas a ellas; 2) generación masiva de empleos permanentes y
bien remunerados, sobre todo para los 18 jóvenes y combate estructural a la enorme pobreza y desigualdad; 3) en
lugar de mayor gasto en seguridad pública hay que gastar más y mejor en
educación, investigación, prevención de consumo de drogas y tratamiento de
adictos; 4) programas de fortalecimiento de la cohesión social, apoyo a la
“economía del cuidado” en las familias, participación ciudadana y social libre,
informada y crítica en la seguridad pública, regulando y apoyando a las
policías de barrio y comunitarias; 5) investigación y castigo a todo acto de
corrupción para terminar con el alto porcentaje de impunidad de funcionarios y
cuerpos del orden coludidos con el crimen organizado, así como para evitar la
penetración de dinero del crimen en las campañas electorales; 6) regreso del
Ejército a los cuarteles, revertir modificaciones legales que propician un
Estado policíaco, focalizar acciones represivas en las organizaciones
criminales violentas; 7) fomentar entre los campesinos programas de desarrollo
alternativos al cultivo de enervantes, y ensayar modelos regulatorios para la
despenalización de cada droga, como ocurre en varias entidades de Estados
Unidos con la mariguana; 8) fomentar la participación de la sociedad civil en
acciones de seguridad pública y en programas de contraloría social de las
instituciones de administración de la justicia.
Nuestra propuesta de seguridad pública se inserta en el concepto de
seguridad humana ―hacia el cual confluyen todas las propuestas contenidas en
este documento―, entendida como la ausencia de amenazas y miedos que se logra
mediante el pleno ejercicio de los derechos humanos (civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales) que otorgan certeza a la opción
de vivir con dignidad, justicia y libertad.
2. En materia de rendición de cuentas, trasparencia y acceso a la
información proponemos acelerar los procesos de institucionalización y
aplicación de los avances legislativos que ha habido en estos temas. Para ello
hacemos nuestras las demandas resumidas por treinta organizaciones de la sociedad
civil (Alianza Cívica, Centro Prodh y Fundar, entre otras) en el documento “La
Sociedad Responde”: 1) aprobar los marcos normativos pendientes en materia de
transparencia, archivos y datos personales y asegurar suficiencia
presupuestaria para su implementación; 2) realizar una investigación
independiente, del conflicto de interés del Presidente de la República y del
Secretario de Hacienda y Crédito Público; 3) cumplir con el proceso de
homologación contable en las entidades federativas; 4) difundir versiones
públicas de declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos; 5) cumplir
con los compromisos 19 pendientes asumidos por el gobierno federal en el marco de la Alianza
para el Gobierno Abierto (AGA); 6) transparentar y regular los gastos en publicidad
oficial de los tres ámbitos de gobierno para impedir la censura sutil o
indirecta. Además, respecto al Sistema Nacional Anticorrupción recién aprobado
por el Congreso proponemos que la siguiente legislatura introduzca estas
correcciones: 1) es preciso poner fin a la anacrónica figura del fuero político
para los servidores públicos electos que se ha convertido en la garantía de
impunidad utilizada por la clase política de nuestro país: mientras el fuero se
mantenga no se podrá romper el círculo vicioso de corrupción e impunidad; 2)
establecer la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimonial y
de intereses de los funcionarios públicos electos y designados.
VII
HACER REALIDAD EL ESTADO DE DERECHO
Y CONSTRUIR LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
1. Hacer realidad el estado de derecho. México es parte de los pactos
internacionales sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales; es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y ha
suscrito y ratificado todas las convenciones que se han construido sobre estas
materias en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero, sobre todo, México es uno
de los países que ha incorporado a su derecho interno ―en nuestra Constitución―
los más importantes compromisos a favor de los derechos fundamentales.
Sin embargo, el México real dista enormemente de calificar como estado
de derecho. No obstante que ha ganado autonomía, el Poder Judicial de la
Federación no ha mejorado sus métodos para la impartición de justicia y los
ejecutivos federal, estatales y municipales no cumplen eficazmente sus
responsabilidades en materia de persecución del delito, todo lo cual da por
resultado un estado generalizado de impunidad, que frecuentemente tiene como
origen la corrupción que ha penetrado en los tres poderes de la unión y en los
tres niveles de gobierno.
¡¡Sí se puede escapar del trinomio perverso de indolencia, corrupción e
impunidad!! Profundas crisis nacionales como la que hoy padece México han
obligado a muchos países a realizar grandes reformas que los han transformado
en ejemplares naciones democráticas con robustos estados de derecho.
Ningún país vino al mundo libre de corrupción y con instituciones
públicas eficientes y democráticas. Todavía en el siglo XVIII todas las
naciones-estado de 20 Europa eran gobernadas por funcionarios ineficientes y corruptos que
hacían fortunas al amparo del poder público (mediante el cohecho, los contratos
con “moche” y el robo del erario público). Pero en el curso del siglo XIX
lograron establecer instituciones públicas eficientes, funcionales y
democráticas. Lo mismo han hecho los países de nueva industrialización, que
transitaron de sistemas políticos corruptos y basados en el clientelismo, a
sistemas políticos eficientes y democráticos. Por eso proponemos:
2. Construir la democracia en México, cuyas instituciones y prácticas
fundamentales son: en primer lugar, la realización de elecciones verdaderamente
libres, equitativas y transparentes —como institución nodal de la democracia
representativa— que permite el arbitraje directo de los electores sobre la
eficacia de los programas de gobierno y la eficiencia de los servidores
públicos; en segundo lugar, establecer un verdadero servicio civil de carrera,
cuyos rasgos fundamentales son: un sistema transparente de acceso a los cargos
públicos basado en la calificación profesional (mediante concursos abiertos) y
no en el favoritismo, un régimen de ascensos dentro de la estructura jerárquica
basado también en los méritos, y una remuneración suficiente (pero no excesiva)
correspondiente a la calificación profesional; en tercer lugar, la experiencia
internacional indica que la eficiencia del Estado resulta mayor cuanto más
efectivo es el sistema de pesos y contrapesos, cuyo componente primordial
estriba en la auténtica separación de los poderes (legislativo, judicial y
ejecutivo); en cuarto lugar, un sistema efectivo de rendición de cuentas,
transparencia y auditoria social en todos los ámbitos de gobierno es crucial
para asegurar la probidad de los funcionarios y la erradicación de la
corrupción y la impunidad; en quinto lugar, la existencia de medios masivos de
comunicación independientes, plurales y en auténtico régimen de libre
competencia ―versus las estructuras mediáticas duopólicas u oligopólicas―
contribuye de manera relevante a la vigilancia de los poderes del Estado; en
sexto lugar, la gestión autónoma y democrática de los asuntos locales —por los
gobiernos estatales y municipales— eleva la eficiencia general del sistema; en
séptimo lugar, las instituciones funcionan mejor cuanto más amplios son los
cauces de expresión y participación directa de la ciudadanía en las decisiones
públicas (referéndums, iniciativas ciudadanas, etc). Tratándose de programas
específicos o comunitarios, se consigue mayor eficiencia mediante la
participación directa de los beneficiarios en su definición, ejecución y
supervisión (consejos gestores, presupuestos participativos, etc). 21
VIII
¡¡ SI SE PUEDE!! CAMINOS AL DESARROLLO Y AL ESTADO DE BIENESTAR
1. Subir por la escalera. Todos los países hoy desarrollados ―comenzando
por Inglaterra, y posteriormente Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera―
basaron sus estrategias de industrialización en la protección de sus mercados
internos y en robustas políticas industriales y de innovación. Pero después de
que cada uno de ellos alcanzó la cumbre de la industrialización, predicó el
fundamentalismo de mercado (la fe ciega en el libre comercio y en la mano
invisible del mercado para asignar eficientemente los recursos), intentando así
“retirar la escalera por la cual había trepado para impedir a otros trepar tras
él” (F. List, economista alemán). No obstante, los países que se han
industrializado después (Corea del Sur, Taiwán, etcétera) no hicieron caso a
las prédicas del fundamentalismo de mercado y subieron por la misma escalera
del comercio administrado y de las políticas industriales y de innovación. Más
recientemente, las exitosas economías emergentes (China, India, etc.) tampoco
han asumido la ideología de la infalible mano invisible del mercado, sino que
han aplicado políticas comerciales, industriales y de innovación orientadas a
la generación de capacidades competitivas, utilizando la misma escalera que
conduce al desarrollo. La opción de México es obvia.
2. Romper nuestra trampa de inequidad. La existencia de un sistema
incapaz de reducir la pobreza y la desigualdad se perpetúa por la desigualdad
de representación política que conduce al establecimiento de instituciones que
favorecen sistemáticamente a quienes más tienen. Sin embargo, la historia
universal muestra que es factible romper estos círculos viciosos de desigualdad
mediante la construcción de amplias coaliciones de fuerzas sociales y
políticas. Por ejemplo, hasta comienzos del siglo XX los países europeos hoy
desarrollados tenían elevados niveles de desigualdad, pero en el transcurso de
dos décadas lograron reducir drásticamente la desigualdad mediante el
establecimiento de generosos estados de bienestar basados en impuestos
progresivos sobre el ingreso, que fueron promovidos por una oleada de alianzas
de fuerzas políticas y sociales comprometidas con el desarrollo incluyente y la
democracia de calidad. Todavía en 1960, cuando estos países habían ya
consolidado sus estados de bienestar, su PIB per cápita medido en dólares
constantes de 1990 corregidos a paridad de poder adquisitivo (PPA) era similar
al que México tiene ahora (el de Finlandia era de 6,230 dólares PPA de 1990; el
de Francia, de 7,398; el de Alemania, de 7,705; el del Reino Unido, de 8,645;
mientras que el PIB per cápita de México en 2008 fue de 7,979 dólares
22 PPA de 1990), pero al romper sus trampas de inequidad esos países
abrieron los cauces de un desarrollo económico más acelerado mediante un
mercado interno muy dinámico, una población con mayor escolaridad, más
saludable y socialmente cohesionada. Lo mismo han hecho los demás países hoy
desarrollados, incluidos los de nueva industrialización, como Corea del Sur que
logró romper su trampa de inequidad a través de una singular coalición de
fuerzas políticas y sociales pro-bienestar que se montó en la ola de la
democratización.
3. Transitar a una estrategia posneoliberal de desarrollo. En nuestra
propia América Latina está comprobado que sí se puede. Por ejemplo, cuando
Néstor Kirchner llegó a la presidencia de Argentina impulsado por una amplia
coalición de fuerzas políticas y sociales, encontró a su país hundido en una
profunda crisis: el PIB había caído 16.5% en 2002, la deuda externa
representaba el 152.7% del PIB; la pobreza había saltado del 23.7% en 1999 al
45.4% en 2002; etcétera. Pero Argentina se levantó como por arte de magia
mediante dos decisiones soberanas impulsadas por la coalición encabezada por
Kirchner: 1) salvar al país primero y después servir la deuda externa, previa
renegociación; 2) pasar a una estrategia económica posneoliberal, que incluyó
un amplio programa de obras públicas, una política de tipo de cambio real
competitivo, la conversión del mercado interno en motor del desarrollo vía
aumento del empleo genuino y del salario real, un significativo incremento del
gasto social, y un presupuesto estructuralmente equilibrado mediante el aumento
de la recaudación “allí donde hay real capacidad contributiva”. Con esta
estrategia el PIB argentino, medido en dólares constantes corregidos a paridad
de poder adquisitivo (PPA), creció a tasa media de 5.7% anual durante el
periodo 2003-2014, y el PIB per cápita creció a una tasa de 4.5% anual, con un
crecimiento acumulado per cápita de 68.9% en dicho lapso; los salarios mínimos
reales (medidos en dólares constantes PPA, de acuerdo con cifras de la OIT),
aumentaron 237.6% durante el periodo 2003-2013, y los salarios medios reales
subieron 104%; la pobreza (según cifras de CEPAL) disminuyó del 45.4% de la
población en 2002, al 4.7% en 2013, y la indigencia se redujo del 20.9% en 2002
al 1.4%. Fue el premio a la soberanía económica, a la audacia y la iniciativa
histórica.
Poco después de iniciada la experiencia argentina, una amplia
coalición de fuerzas políticas y sociales llevó a la presidencia de Uruguay a
Tabaré Vázquez en 2005, quien fue sucedido en 2010 por José Mujica y éste
nuevamente por Tabaré en 2015. En sus primeros diez años de gobierno
posneoliberal, el PIB de Uruguay creció a 23 una tasa media del 5.4% anual, y
el PIB per cápita creció a una tasa de 5.1% anual, con un crecimiento acumulado
per cápita de 64% en el periodo 2005-2014; los salarios mínimos reales (medidos
en dólares constantes PPA, de acuerdo con la OIT) crecieron 230.8% durante el
periodo 2005-2013, y los salarios medios reales crecieron 56.5%; la pobreza se
redujo del 39.9% de la población en 2004, al 11.5% en 2013; y la indigencia
disminuyó del 4.7% a 0.9%. Durante esta misma década, amplias coaliciones de
fuerzas sociales y políticas con programas posneoliberales de desarrollo han
triunfado también en Bolivia, Ecuador, Chile y otros países de América Latina,
reconfirmando que ¡¡sí se puede!!
Este es nuestro reto: reconstruir conscientemente la autoestima del
pueblo mexicano, la confianza en nosotros mismos, la seguridad plena de que
podemos forjar un futuro mejor mediante una amplia coalición de fuerzas
sociales y políticas para la reconstrucción de nuestra nación.
Firmantes: John Ackerman (UNAM), Genaro Aguilar (IPN), Luis Aguirre Villaseñor
(UAAAN), Sergio Aguayo Quezada (COLMEX), Adolfo Álvarez Macías (UAM-X), Nora C.
Ampudia (U. Panamericana), Ana María Aragonés (UNAM), Luis Alejandro Astorga
(UNAM), Marcela Astudillo Moya (UNAM), Abelardo Ávila Curiel (INCMN), Patricia
Ávila García (UNAM), Alberto Aziz Nassif (CIESAS), Oscar Báez Soto (INACIPE),
Carlos Barba (UDG), Hilario Barcelata (UV), Gerardo Bazán (UNAM), Graciela
Bensusán (UAM), Ilán Bizberg (COLMEX), Guillermo Boils (UNAM), Julio Boltvinik
(COLMEX), Alfonso Bouzas (UNAM), José Luis Caballero Ochoa (UIA), Luis Fernando
Cabrera (UQROO), José Luis Calva (UNAM), Manuel Canto Chac (UAM), Jesús Cantú
Escalante (ITESM), Mario Capdevielle (UAM-X), María Elena Cardero (UNAM),
Mónica Casalet Ravenna (FLACSO), Juan Castaingts Teillery (UAM-I), Carola Conde
Bonfil (UAM), María Martha Collignon-Goribar (ITESO), Romer Cornejo (COLMEX),
Leonel Corona Treviño (UNAM), René Coulomb (UAM), José Antonio Crespo (CIDE),
Moritz Alberto Cruz (UNAM), Fortunato Cuamatzin (BUAP), Gonzalo Chapela (UACH),
José Luis de la Cruz (ITESM), Orlando Delgado Selley (UACM), Enrique de la
Garza (UAM), Guillermo de la Peña (CIESAS), Axel Didriksson (UNAM), Enrique
Dussel Peters (UNAM), Gabriela Dutrénit (UAM-X), Roberto Eibenschutz (UAM),
Carlos Encinas Ferrer (UdelaSalle), Mildred Espíndola (UNAM), Alejandro
Espinosa (INIFAP), José Luis Estrada (UAM), Enrique G. Gallegos (UAM), Mónica
Gambrill (UNAM), Alba Gámez Vázquez (UABCS), Rodolfo García del Castillo
(CIDE), Carlos Gay (UNAM), Antonio Gazól (UNAM), Gabriel Gómez Ochoa (UNAM),
Laura Gómez Tovar (UACH), Arturo Guillén Romo (UAM-I), Héctor Guillén Romo (U.
Paris), Carlota Guzmán Gómez 24
(CRIM-UNAM), Oscar Misael Hernández (COLEF), Plinio Hernández Barriga
(UMICH), María del Carmen Hernández Moreno (CIAD), Luis Alfonso Herrera (UACJ),
Gerardo Huber Bernal (UABC), Alfonso Iracheta (CMQ), Jorge Marcial Islas
Samperio (UNAM), Antonina Ivanova (UABCS), Raúl Jiménez Guillén (UATx), René
Jiménez Ornelas (UNAM), Omar Jiménez Sandoval (ITESM), Gloria de la Luz Juárez
(UAM), Armando Kuri Gaytán (UNAM), Blanca Esthela Lara Enríquez (COLSON), Jesús
Lechuga Montenegro (UAM), Carlos Lemus (CRIM-UNAM), Noemí Levy Orlik (UNAM),
Teresa S. López (UNAM), Jorge López Arévalo (UNACH), Gerardo López Cervantes
(UAS), Julio López Gallardo (UNAM), Emilio López Gámez (UAM), Ignacio Llamas
Huitrón (UAM), Jesús Manuel Macías (CIESAS), Guadalupe Mántey (UNAM), María
Irma Manrique Campos (UNAM), Carlos Marichal (COLMEX), Héctor Marín (UJED),
Manuel Martín Castillo (UADY), María Antonieta Martín Granados (UNAM), Rogelio
Martínez Aguilar (UIA), René D. Martínez B. (UNAM), Regina Martínez Casas
(CIESAS), David Martínez Mendizabal (UIA León), Yolanda Massieu Trigo (UAM),
Adolfo Mejía Ponce de León (IPN), Mónica Mimbrera (UNAM), Georgel Moctezuma
López (INIFAP), Raúl Molina Salazar (UAM), José A. Moreno Mena (UABC), César
Lenin Navarro (UMICH), Emma Liliana Navarrete (CQM), Alberto Olvera (UV),
Gerardo Ordóñez (COLEF), Luis Ángel Ortiz Palacios (UNAM), Javier Orozco
Alvarado (UDG), Úrsula Oswald (UNAM), Pedro José Peñaloza (UNAM), Mario Iván
Patiño Rodríguez Malpica (UIA-León), Ruperto Patiño Manffer (UNAM), Enrique
Pino Hidalgo (UAM), Rosa María Piñón Antillón (UNAM), Leobardo Plata Pérez
(UASLP), Emilio Pradilla Cobos (UAM), Jaime Antonio Preciado (UDG), Enrique
Provencio (UNAM), Luis Quintana (UNAM), Víctor M. Quintana (UACJ), Blanca
Rebeca Ramírez (UAM), Eduardo Ramírez Cedillo (UNAM), Gerardo Reyes Guzmán
(UIA), Isabel Reyes Lagunes (UNAM), Héctor Robles Berlanga (UAM), Hipólito
Rodríguez (CIESAS), Víctor Rodríguez Padilla (UNAM), Ximena Roncal Vattuone
(BUAP), Carlos Rozo (UAM), César Salazar (UNAM), Jorge Alonso Sánchez (CIESAS),
Adolfo Sánchez Almanza (UNAM), Alejandro Sánchez Vélez (UACH), Pablo Sandoval
Cabrera (UDG), José Antonio Serratos Hernández (UACM), Marisol Silva Laya
(UIA), Aníbal Terrones Cordero (UAEH), Darcy Tetreault Webber (UAZ), Felipe
Torres Torres (UNAM), Juan de Dios Trujillo (UAS), Antonio Turrent (INIFAP),
Manuel Ulloa Herrero (UNAM), Maritza Urteaga (INAH), Carlos Uscanga (UNAM),
Enrique Valencia Lomelí (UDG), Daniel Villafuerte (UNICACH), Nicolás Guadalupe
Zúñiga Espinoza (UAS)… Se recibirán más firmas.
Comisión Redactora: Abelardo Ávila Curiel (INCMN), Alberto Aziz
Nassif (CIESAS), Carlos Barba (UDG), Hilario Barcelata (UV), Julio Boltvinik
(COLMEX), José Luis Calva (UNAM), Manuel Canto Chac (UAM-X), Orlando Delgado
Selley 25
(UACM), Rodolfo García Zamora (UAZ), Gabriel Gómez Ochoa (UNAM), Alfonso
Iracheta (CMQ), Omar Jiménez Sandoval (ITESM), Armando Kuri Gaytán (UNAM),
Carlos Lemus (CRIM-UNAM), Carlos Marichal (COLMEX), Mónica Mimbrera (UNAM),
Alberto Olvera (UV), Ruperto Patiño Manffer (UNAM), Enrique Pino Hidalgo
(UAM-I), Enrique Provencio (UNAM), Víctor M. Quintana (UACJ), Víctor Rodríguez
Padilla (UNAM), César Salazar (UNAM), Pablo Sandoval Cabrera (UDG), Marisol
Silva Laya (UIA), Juan de Dios Trujillo (UAS), Antonio Turrent (INIFAP),
Enrique Valencia Lomelí (UDG).
Coordinador: José Luis Calva (UNAM)
NOTAS
* El Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de
Desarrollo fue fundado en noviembre de 2010 con tres objetivos:
“Primero: conjuntar nuestros esfuerzos para formular desde una
perspectiva universitaria un sistema integral de propuestas viables de
políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado
por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión
social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable,
incluyente, equitativo y democrático.
“Segundo: contribuir de manera organizada a la formación de la
conciencia ciudadana sobre la apremiante necesidad de que nuestro país adopte
una nueva estrategia de desarrollo.
“Tercero: contribuir a enriquecer el contenido y a elevar la calidad del
debate político y social sobre los grandes problemas nacionales.
“Estos objetivos los realizaremos con espíritu de servicio a la nación y
visión de Estado, con plena independencia respecto a los partidos políticos.”
(Véase www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx)
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