Como los ladrones, el poder legislativo asalta de noche
Nocturnidades y opacidad en el Congreso
Javier Corral Jurado
Javier Corral Jurado
Varias de las decisiones más importantes que se toman en el Congreso, transcurren en la nocturnidad y en sigilos de amplio consenso político entre los grupos parlamentarios. Se ha tomado a la madrugada para discutir y aprobar reformas constitucionales y las principales disposiciones en materia económica, como el presupuesto de egresos de la federación y la ley de ingresos. Como ocurre en la mayoría de los asaltos, en las altas horas de la noche se sorprende a la Nación con reformas o adiciones que la luz del día desvestiría de mejor manera.
La estrategia es que el país se entere lo menos posible de los detalles de la legislación, que no sólo a la ciudadanía le gane la somnolencia frente al debate técnico y especifico de las normas diseñadas con trampas, retrocesos y regalos, sino que a los mismos legisladores los rinda el sueño. La tirada es de varias bandas porque, en el conocimiento de la forma y tiempos en que los medios procesan la información -cierres de ediciones impresas y modos de retomar una noticia-, se le diluye el impacto a cualquier denuncia y señalamiento que ocurre por la noche.
Por cierto, las peores imágenes que reproducen esos mismos medios sobre algunos diputados y senadores en el sueño absoluto, presentándolos como holgazanes, la boca abierta y los ojos cerrados, se producen en las noches de asalto legislativo.
Cambia de partido la presidencia de las Cámaras -como el “gran dato” de la pluralidad instalada en el país, ilusión efímera de contrapeso alguno-, y se repiten los mismos vicios, se reitera la componenda, el modus operandi de un reducido grupo de legisladores que bajo la línea directa de los jefes de los partidos opera los acuerdos entre prisas y noches para sacar al gusto de la oligarquía gobernante, las leyes en las que se sustenta el pacto de impunidad.
La ley de ingresos aprobada por las bancadas del PRI, y la mayoría de los grupos parlamentarios del PAN y PRD es una muestra del nivel al que han llegado los compromisos entre el gobierno y los dos principales partidos de “oposición”. De hecho los senadores del PAN en la Comisión de Hacienda, fueron suplantados por decisiones que tomó directamente el presidente del Partido, Ricardo Anaya, en absoluta colusión con el gobierno.
También en sigilo y con un reducido grupo de legisladores, se cocina el proyecto final de dictamen sobre una nueva Ley Federal de Acceso a la Información Pública. No es descartable que en alguna madrugada de la próxima semana se someta al pleno su aprobación. Es que el Congreso volverá a ser excepción entre los sujetos obligados de las normas que le exige a los otros poderes. Ya en la ley general se otorgó una manga ancha para cumplir obligaciones de transparencia en materia del ejercicio del gasto, y ahora pretende exceptuar en la norma específica para la federación, del deber de la rendición de cuentas a los Partidos Políticos y a los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión.
En el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el 4 de mayo de 2015, el Congreso condicionó el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia a “un programa de reorganización administrativa”.Ahora en el anteproyecto de dictamen de nueva Ley Federal que ha circulado la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado se pretende dejar fuera de esas obligaciones -siempre y cuando algún día se lleve a cabo el programa de reorganización administrativa-, a los grupos parlamentarios. También se deja fuera a los partidos políticos nacionales de la obligación de transparentar el uso y destino de los recursos que el Estado les asigna.
Durante la discusión de la ley general y dada la dinámica corruptora que se ha instalado en el Congreso para sacar reformas contrarias al interés nacional, propuse obligaciones de transparencia específicas para los poderes legislativos federal y locales. Especificar el monto de los recursos económicos y gasto de los órganos de gobierno de las dos cámaras del Congreso de la Unión y los Congresos locales, de las Mesas Directivas, las Justas de Coordinación Política, las coordinaciones de los grupos parlamentarios y el detalle por rubro de cada uno de los Grupos Parlamentarios.
Insisto en detallar el monto de cada una de las percepciones de los legisladores, en los que se incluya las dietas, así como los montos adicionales a la dieta que reciben cada uno de ellos. Informe en específico de cada uno de gastos aplicados a viajes y viáticos de legisladores y funcionarios de los congresos, exponiendo las causas y resultados de los viajes. Relación de los contratos del personal adscrito a los congresos, así como del personal asignado a los legisladores o contratado por ellos, especificando remuneración bruta, sea por honorarios, base, confianza o cualquier otro esquema laboral, incluyendo percepciones, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, bonos, estímulos y sistemas de compensación, señalando su periodicidad.
Lamentablemente el acuerdo de opacidad tiene una amplia mayoría en el Congreso, transversal a partidos. Esa omisión es muy costosa para la Nación, no en términos cuantitativos con relación al presupuesto público, sino cualitativos por la función que realizan las cámaras. ¿Bajo qué calidad moral se redacta una ley para obligar la transparencia a las demás instituciones, si los propios autores la desestiman para ellos mismos?
De ahí por ejemplo que otra ausencia grave que se contempla en el anteproyecto de dictamen, sea todo lo relativo al sector de Hidrocarburos. Varios comisionados del INAI han señalado este tema como el de su mayor preocupación. No es difícil encontrar la explicación de tal importancia: un ámbito en el que los intereses trasnacionales, multimillonarios en dólares, hacen de las suyas frente a cualquier Nación, sobre todo en ambientes de opacidad y corrupción política desatada como la que caracteriza al actual gobierno.
Los comisionados del INAI consideran “irreductible” en su postura sobre la ley federal, la información relativa a las obligaciones de transparencia del sector de hidrocarburos, donde se propone incluir información sobre la relación entre producción de hidrocarburos y reservas totales, los recursos contingentes y prospectivos; la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y demás, que se obtenga de las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de la Exploración y Extracción de hidrocarburos en todo el territorio nacional, terrestre y marino; la relativa a contratos y licencias para la Exploración y Extracción incluyendo las cláusulas, las coordenadas de las áreas geográficas bajo licencia, los resultados y estadísticas de los procesos de licitación, las bases y reglas de los procesos de licitación que se hayan empleado para adjudicar dichos contratos o licencias, el número de los contratos que se encuentran entre otras.
Así debiera ser si la ley federal realmente es consecuente tanto con la Ley General, como lo dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia, así como en el estándar de la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.
México anunció con bombo y platillo la integración de un grupo de trabajo intersecretarial para lograr la adhesión a la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), pues ahora que muestre desde la ley su verdadera voluntad para transparentar procesos de tal magnitud como las licitaciones en materia energética y minera.
La iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas “se basa en los principios de que la riqueza proveniente de los recursos naturales de un país deben beneficiar a todos sus ciudadanos, lo cual exige evidentemente altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, para lo cual el esquema EITI requiere entre otras cosas la elaboración de informes que incluyan la descripción del marco jurídico y régimen fiscal, situación de industrias extractivas, contribución de industrias extractivas a la economía, datos de producción, participación del Estado en industrias extractivas”, ha señalado el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford.
Otro de los rubros ausentes, dentro de sectores clave y sujetos obligados relevantes, es la relacionada con la exploración, extracción y explotación de los minerales o sustancias a las que se refiere el artículo 4 de la Ley Minera; del estado físico y operativo y coordenadas geográficas de las instalaciones de concesionarios, asignatarios y reservas mineras; de los hallazgos de las actividades de exploración y extracción, incluyendo datos geológicos, geofísicos, geoquímicos y mineros del país; de las clausulas, los resultados y estadísticas de las concesiones y asignaciones, y de las bases y reglas que se hayan empleado para adjudicar dichas concesiones y asignaciones; estándares técnicos nacionales e internacionales para la protección del medio ambiente.
Así mismo, lo concerniente al tamaño de la industria minera, total de ingresos que genera, cantidad y porcentaje del presupuesto de la Federación asignado, cantidades y montos exportados, el número de empleos generados, regiones o zonas asignados para la exploración y explotación de los minerales, informes sobre inspecciones y sanciones y demás aspectos relacionados con la industria minera.
Es necesario poner atención a la discusión que viene en torno de esta nueva legislación en materia del derecho de acceso a la información, y de sumarnos a la exigencia de que frente a este derecho fundamental del sistema de rendición de cuentas, no exista poder impune o zona de excepción, como pretende serlo el Congreso Federal.
Esta transparencia tendría consecuencias fundamentales para restituir a plenitud nuestra fuerza moral y política, no sólo en el debate parlamentario, sino frente a la exigencia ciudadana de que todo aquel que tenga una responsabilidad pública, rinda cuentas y transparente su gasto.
Las Cámaras del Congreso deben ser ejemplo de transparencia sobre los recursos económicos que ejercen y las tareas que realizan, pues cuando se dejan de regular la transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, queda en peligro la legitimidad del Poder público y la legitimidad de los representantes populares. Y muchas otras opacidades se alzan en su nombre, ni más ni menos, la de sectores tan estratégicos como el energético
La estrategia es que el país se entere lo menos posible de los detalles de la legislación, que no sólo a la ciudadanía le gane la somnolencia frente al debate técnico y especifico de las normas diseñadas con trampas, retrocesos y regalos, sino que a los mismos legisladores los rinda el sueño. La tirada es de varias bandas porque, en el conocimiento de la forma y tiempos en que los medios procesan la información -cierres de ediciones impresas y modos de retomar una noticia-, se le diluye el impacto a cualquier denuncia y señalamiento que ocurre por la noche.
Por cierto, las peores imágenes que reproducen esos mismos medios sobre algunos diputados y senadores en el sueño absoluto, presentándolos como holgazanes, la boca abierta y los ojos cerrados, se producen en las noches de asalto legislativo.
Cambia de partido la presidencia de las Cámaras -como el “gran dato” de la pluralidad instalada en el país, ilusión efímera de contrapeso alguno-, y se repiten los mismos vicios, se reitera la componenda, el modus operandi de un reducido grupo de legisladores que bajo la línea directa de los jefes de los partidos opera los acuerdos entre prisas y noches para sacar al gusto de la oligarquía gobernante, las leyes en las que se sustenta el pacto de impunidad.
La ley de ingresos aprobada por las bancadas del PRI, y la mayoría de los grupos parlamentarios del PAN y PRD es una muestra del nivel al que han llegado los compromisos entre el gobierno y los dos principales partidos de “oposición”. De hecho los senadores del PAN en la Comisión de Hacienda, fueron suplantados por decisiones que tomó directamente el presidente del Partido, Ricardo Anaya, en absoluta colusión con el gobierno.
También en sigilo y con un reducido grupo de legisladores, se cocina el proyecto final de dictamen sobre una nueva Ley Federal de Acceso a la Información Pública. No es descartable que en alguna madrugada de la próxima semana se someta al pleno su aprobación. Es que el Congreso volverá a ser excepción entre los sujetos obligados de las normas que le exige a los otros poderes. Ya en la ley general se otorgó una manga ancha para cumplir obligaciones de transparencia en materia del ejercicio del gasto, y ahora pretende exceptuar en la norma específica para la federación, del deber de la rendición de cuentas a los Partidos Políticos y a los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión.
En el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el 4 de mayo de 2015, el Congreso condicionó el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia a “un programa de reorganización administrativa”.Ahora en el anteproyecto de dictamen de nueva Ley Federal que ha circulado la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado se pretende dejar fuera de esas obligaciones -siempre y cuando algún día se lleve a cabo el programa de reorganización administrativa-, a los grupos parlamentarios. También se deja fuera a los partidos políticos nacionales de la obligación de transparentar el uso y destino de los recursos que el Estado les asigna.
Durante la discusión de la ley general y dada la dinámica corruptora que se ha instalado en el Congreso para sacar reformas contrarias al interés nacional, propuse obligaciones de transparencia específicas para los poderes legislativos federal y locales. Especificar el monto de los recursos económicos y gasto de los órganos de gobierno de las dos cámaras del Congreso de la Unión y los Congresos locales, de las Mesas Directivas, las Justas de Coordinación Política, las coordinaciones de los grupos parlamentarios y el detalle por rubro de cada uno de los Grupos Parlamentarios.
Insisto en detallar el monto de cada una de las percepciones de los legisladores, en los que se incluya las dietas, así como los montos adicionales a la dieta que reciben cada uno de ellos. Informe en específico de cada uno de gastos aplicados a viajes y viáticos de legisladores y funcionarios de los congresos, exponiendo las causas y resultados de los viajes. Relación de los contratos del personal adscrito a los congresos, así como del personal asignado a los legisladores o contratado por ellos, especificando remuneración bruta, sea por honorarios, base, confianza o cualquier otro esquema laboral, incluyendo percepciones, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, bonos, estímulos y sistemas de compensación, señalando su periodicidad.
Lamentablemente el acuerdo de opacidad tiene una amplia mayoría en el Congreso, transversal a partidos. Esa omisión es muy costosa para la Nación, no en términos cuantitativos con relación al presupuesto público, sino cualitativos por la función que realizan las cámaras. ¿Bajo qué calidad moral se redacta una ley para obligar la transparencia a las demás instituciones, si los propios autores la desestiman para ellos mismos?
De ahí por ejemplo que otra ausencia grave que se contempla en el anteproyecto de dictamen, sea todo lo relativo al sector de Hidrocarburos. Varios comisionados del INAI han señalado este tema como el de su mayor preocupación. No es difícil encontrar la explicación de tal importancia: un ámbito en el que los intereses trasnacionales, multimillonarios en dólares, hacen de las suyas frente a cualquier Nación, sobre todo en ambientes de opacidad y corrupción política desatada como la que caracteriza al actual gobierno.
Los comisionados del INAI consideran “irreductible” en su postura sobre la ley federal, la información relativa a las obligaciones de transparencia del sector de hidrocarburos, donde se propone incluir información sobre la relación entre producción de hidrocarburos y reservas totales, los recursos contingentes y prospectivos; la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y demás, que se obtenga de las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como de la Exploración y Extracción de hidrocarburos en todo el territorio nacional, terrestre y marino; la relativa a contratos y licencias para la Exploración y Extracción incluyendo las cláusulas, las coordenadas de las áreas geográficas bajo licencia, los resultados y estadísticas de los procesos de licitación, las bases y reglas de los procesos de licitación que se hayan empleado para adjudicar dichos contratos o licencias, el número de los contratos que se encuentran entre otras.
Así debiera ser si la ley federal realmente es consecuente tanto con la Ley General, como lo dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia, así como en el estándar de la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas.
México anunció con bombo y platillo la integración de un grupo de trabajo intersecretarial para lograr la adhesión a la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), pues ahora que muestre desde la ley su verdadera voluntad para transparentar procesos de tal magnitud como las licitaciones en materia energética y minera.
La iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas “se basa en los principios de que la riqueza proveniente de los recursos naturales de un país deben beneficiar a todos sus ciudadanos, lo cual exige evidentemente altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, para lo cual el esquema EITI requiere entre otras cosas la elaboración de informes que incluyan la descripción del marco jurídico y régimen fiscal, situación de industrias extractivas, contribución de industrias extractivas a la economía, datos de producción, participación del Estado en industrias extractivas”, ha señalado el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford.
Otro de los rubros ausentes, dentro de sectores clave y sujetos obligados relevantes, es la relacionada con la exploración, extracción y explotación de los minerales o sustancias a las que se refiere el artículo 4 de la Ley Minera; del estado físico y operativo y coordenadas geográficas de las instalaciones de concesionarios, asignatarios y reservas mineras; de los hallazgos de las actividades de exploración y extracción, incluyendo datos geológicos, geofísicos, geoquímicos y mineros del país; de las clausulas, los resultados y estadísticas de las concesiones y asignaciones, y de las bases y reglas que se hayan empleado para adjudicar dichas concesiones y asignaciones; estándares técnicos nacionales e internacionales para la protección del medio ambiente.
Así mismo, lo concerniente al tamaño de la industria minera, total de ingresos que genera, cantidad y porcentaje del presupuesto de la Federación asignado, cantidades y montos exportados, el número de empleos generados, regiones o zonas asignados para la exploración y explotación de los minerales, informes sobre inspecciones y sanciones y demás aspectos relacionados con la industria minera.
Es necesario poner atención a la discusión que viene en torno de esta nueva legislación en materia del derecho de acceso a la información, y de sumarnos a la exigencia de que frente a este derecho fundamental del sistema de rendición de cuentas, no exista poder impune o zona de excepción, como pretende serlo el Congreso Federal.
Esta transparencia tendría consecuencias fundamentales para restituir a plenitud nuestra fuerza moral y política, no sólo en el debate parlamentario, sino frente a la exigencia ciudadana de que todo aquel que tenga una responsabilidad pública, rinda cuentas y transparente su gasto.
Las Cámaras del Congreso deben ser ejemplo de transparencia sobre los recursos económicos que ejercen y las tareas que realizan, pues cuando se dejan de regular la transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, queda en peligro la legitimidad del Poder público y la legitimidad de los representantes populares. Y muchas otras opacidades se alzan en su nombre, ni más ni menos, la de sectores tan estratégicos como el energético
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