El regreso de Álvarez Icaza

Derechos Humanos: La indolencia estatal

Javier Corral Jurado

 

 

El excepcional mexicano que es Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha publicado una carta en la que da a conocer las razones por las que no buscará reelegirse en el cargo, posibilidad que le da la normatividad de ese organismo internacional dependiente de la Organización de Estados Americanos. Llegó a esa estratégica posición hace cuatro años y ante la culminación del periodo para el que fue electo se regresa a nuestro país.

El texto con el que lo anuncia es espléndido, emotivo, profundo. Da cuenta de la cepa extraordinaria de la que proviene, el matrimonio que formaron Don José Álvarez Icaza y Doña Luz Longoria, impulsores por muchos años del movimiento familiar cristiano y fundadores los dos del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS). De ese viñedo antiguo que ha dado frutos maravillosos en el activismo por los derechos humanos, que es herencia moral y compromiso social, Emilio sacude la conciencia y ataja uno de los cánceres que está destruyendo la vida nacional: La apatía ciudadana ante el dolor actual de México por la profunda crisis de derechos humanos que vivimos.

Familia y Patria como valores esenciales del deber personal, ético y político en sentido amplio, están colocados como los ejes del razonamiento de quien desea retomar directamente sus actividades en México. ¡Qué refrescante recordatorio sobre los deberes esenciales de la persona humana en la comunidad política!

“Las visitas que hemos realizado recientemente -explica Emilio- y el seguimiento de lo que sucede en mi patria me interpela con fuerza. Mi país me duele profundamente. Quiero dedicar mis esfuerzos y capacidades a trabajar directa y cercanamente para transformar la crisis de derechos humanos que ahí se vive. Si bien la CIDH me brinda una oportunidad privilegiada de trabajar también por la gente de México, la grave situación que se vive me exige una prioridad en mi tiempo y agenda. Lo que veo y siento en mi país me ha hecho pensar que es mi obligación ética hacer lo que esté a mi alcance por transformar esa situación”.

Sin certeza por el cauce desde donde lo hará, ya es clara la batalla: “Quiero dedicar los próximos años de mi vida, con toda mi energía y capacidad, a sumarme al esfuerzo de hombres y mujeres valiosos que no aceptan la injusticia, la impunidad ni corrupción como realidad y norma de vida. Puede sonar utópico, pero sobre esos valores y principios he construido toda mi carrera profesional y he basado las grandes y pequeñas decisiones. Siempre he trabajado y me he dedicado a lo que he considerado que debo hacer. Quiero sumar mis fuerzas a los procesos que he visto en América Latina, donde los derechos humanos han ido ganando terreno en forma y fondo”.

Si la Patria es la tierra de los padres a la que debemos honrar con nuestro esfuerzo, entonces la primera y más importante forma de su expresión y legado es la familia; me gusta que al deber patriótico de salir a combatir a los corruptos agregue la segunda razón: La Familia. “Obedece a mi entorno familiar y pacto conyugal. Mi estancia inicial en la CIDH obedeció a una decisión conjunta con mi esposa y familia, y ahora consideramos que es tiempo de regresar a México. Raquel, mi esposa, tiene varios proyectos a desarrollar y en Estados Unidos se ha visto disminuido o frenado su crecimiento profesional por estos cuatro años. Otros cuatro años resultan cuesta arriba en estas condiciones. Adicionalmente, consideramos prioridad atender a nuestras hijas, hijo y familias en los mejores términos posibles. Somos de la opinión de que eso se puede hacer más adecuadamente allá. La estancia permanente en Estados Unidos no está en nuestro plan de vida”.

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De esa crisis de los derechos humanos de la que habla Emilio Álvarez Icaza Longoria, también dio cuenta esta misma semana Amnistía Internacional. En el museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, ágora de la lucha contra el olvido y toda forma de discriminación, el organismo internacional presentó su informe: “Un trato de Indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”. Ese informe documenta la crisis que es tragedia política, ineficacia gubernamental, desdén, complicidad e impunidad.

Estuve en el auditorio donde se dio cuenta del Informe y la magnitud del problema; voces doloridas de los familiares que no cesan en la búsqueda, convertidos en investigadores, substituyendo en los hechos a la autoridad ausente; relatos de valor y tesón en las condiciones más riesgosas. Escuché a mi paisana Leticia Sánchez Villalobos contar el drama de la desaparición forzada de su hijo Luis Carlos Hernández Sánchez, que vivía con su familia en Cuauhtémoc, Chihuahua, y tenía 18 años cuando fue desaparecido el 22 de mayo de 2010.

Porque ahora resulta que Chihuahua no sólo se ha convertido bajo la tiranía del ladrón de César Duarte en la capital de la corrupción política, la capital del endeudamiento público, sino también la capital del secuestro. El informe de Amnistía se centró en dos casos: La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la crisis de desapariciones en ciudad Cuauhtémoc, un municipio de mi estado natal que se localiza en la zona occidental con una población de 114,000 habitantes y es un importante polo de desarrollo económico esencialmente por las actividades agropecuarias, ganaderas y comerciales que allí se realizan. Principal entrada además hacia la Sierra Tarahumara.

Que Amnistía Internacional equipare en importancia la desaparición forzada en Guerrero con la de Chihuahua, señala la magnitud no sólo de la indolencia criminal de las autoridades, sino su complicidad con el crimen organizado. La fiscalía estatal en Chihuahua es la principal protectora de delincuentes y narcotraficantes en la región serrana de Chihuahua.

El informe señala que, a partir de 2006, organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como internacionales han venido advirtiendo del aumento en la desaparición de personas en nuestro país, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas existen al menos 27 mil 600 personas que el Estado llama “no localizadas”, cabe resaltar que el 46.5% de éstas han ocurrido en la actual administración presidencial y sólo 3 mil 425 en 2015, el año con el mayor número de desaparecidos.

Amnistía Internacional señala como preocupante la impunidad que impera hacia los responsables de estos delitos lo cual se ha convertido en un incentivo para éste se siga cometiendo. Ahí es donde la organización defensora de los derechos humanos identifica a Chihuahua como uno de los casos emblemáticos del trato indolente: “Ahí no importa si un caso de desaparición se trata de una situación oculta o es un caso de alto perfil, las autoridades parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia”.

En Chihuahua desde 2007, de acuerdo a cifras oficiales -que en realidad es un subregistro- han desaparecido 1,698 personas; Cuauhtémoc presenta 351 personas desaparecidas.

Punto de cruce de las rutas del narcotráfico, lo que ha sido un factor de violencia para la población, Amnistía no duda en denunciar que “las autoridades han demostrado ser ineficientes y poco diligentes para investigar estos casos y en casi todos ellos las víctimas continúan desaparecidas. Algunas han aparecido sin vida, casi ninguna ha regresado a su hogar”.

Para la realización del informe la organización internacional se entrevistó con familiares de personas desaparecidas mismas que contaron los tortuosos procesos por los que han atravesado en la búsqueda de sus familiares, pero también se encontraron con que no todas la familias denuncian las desapariciones a causa del miedo que impera en la comunidad por la penetración de la delincuencia organizada en la zona y por la colusión entre delincuentes y servidores públicos.

En el camino de la denuncia y de la búsqueda de sus familiares se han encontrado con autoridades que no atienden con premura, diligencia ni eficacia los casos, que han argumentado no arriesgar su vida por el sueldo que reciben o no realizar las diligencias de investigación en ciertas zonas del estado por miedo, así como con la criminalización de las víctimas, lo que revictimiza a sus familiares. Las familias no sólo se enfrentan al desinterés, la mayoría han sufrido diversas formas de hostigamiento y amenazas, principalmente a través de llamadas telefónicas, de seguimiento por hombres desconocidos y de sugerencias de las propias autoridades para que desistan de impulsar investigaciones.

Familiares han sido retenidos contra su voluntad por hombres armados que les han solicitado que desistan, otros tantos han sido desaparecidos también en la búsqueda de sus familiares, tal es el caso de Artemisa Ibarra y Martha Loya.

Amnistía ha denunciado que las autoridades se limitan a recabar la denuncia y a emitir oficios de diligencias inútiles, “esta forma de investigación parece ser un mero formalismo destinado de antemano a ser infructuoso, lo que contraviene las obligaciones internacionales del Estado de investigar de forma adecuada las violaciones de derechos humanos”. La realidad es que han trasladado de obligación de investigación a las familias y cuando solicitan esta información sólo es para engrosar los expedientes, pues no hay un estudio ni un seguimiento serio de la información conseguida por las familias.

La organización internacional sostiene que cuando una desaparición se presenta provoca diversas afectaciones, sufre no sólo quien desaparece, sino su entorno más cercano, entre los que se encuentra afectación a su integridad personal, debido a la inacción o la obstaculización de las autoridades, a la incertidumbre que se constituye en una violación del derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos crueles e inhumanos y degradantes. Otras afectaciones directas tienen que ver con el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, deudas y situación económica en general.

Amnistía señala que a pesar del alto número de desapariciones en Cuauhtémoc, la situación es prácticamente desconocida y los diversos incidentes de desaparición dan clara muestra de la  realidad de miles de casos de desaparición que se encuentran en el abandono, ignorados por las autoridades y en total impunidad.

En los casos de los 43 y de Cuauhtémoc destacan las similitudes en las fallas del Estado al asegurar la vigencia de los derechos de las víctimas, particularmente los derechos a la verdad, justicia y reparación.

Entre las recomendaciones que la organización hace está el tipificar en la Ley General sobre Desaparición, conforme a los estándares internacionales, la desaparición forzada y la desaparición por actores no estatales como delitos autónomos de modo que se investiguen exhaustivamente; reconocer la obligación de iniciar de oficio y sin dilación la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a través de un procedimiento establecido en consulta con personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y las familias de personas desaparecidas.

Recomiendan también reconocer y permitir la participación de familiares de las personas desaparecidas en las investigaciones, sin que la autoridad traslade a la familia la carga de la investigación; adoptar disposiciones legales detalladas con respecto a la declaración de ausencia y a la extensión de derechos de las personas desaparecidas, que tenga efectos claros en la protección de la personalidad jurídica y otros derechos de la persona desaparecida y la protección de su patrimonio y del de su familia.

Asimismo garantizar reparaciones integrales a las víctimas, que tomen como base estándares internacionales y consideren la particularidad de las víctimas, incluyendo medidas de restitución, rehabilitación satisfacción, no repetición, derecho a la verdad y a la memoria histórica.