Informar y rendir cuentas a la ciudadanía

“En los atentados contra los pueblos, hay dos culpables: el que se atreve y los que permiten; El que emprende y los que permiten que se emprenda contra las leyes;

El que usurpa y los que abdican.

M. Beule, El Proceso de los Césares.

Citado por Francisco I. Madero, La Sucesión Presidencial en 1910

Francisco Velasco Zapata

A la fecha, el derecho a la información en México es una utopía. La constitución federal establece que ese derecho será garantizado por el Estado, pero en la “confusión general” que hay acerca del concepto del “Estado” se pierde de vista quién o quiénes son las personas responsables de garantizar ese derecho.

En el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) los Consejeros Jacqueline Peschard, María Marbán, Sigrid Arzt, María Elena Pérez Jaén y Ángel Trinidad han hecho patente -en diversos foros y declaraciones a la prensa- la necesidad de avanzar en una segunda generación de reformas a la ley a efecto de que las instituciones y entidades gubernamentales asuman una posición “proactiva” que implique un salto cualitativo para que el acceso a la información y la rendición de cuentas sean una realidad y no sólo una aspiración o buenas intenciones.

Los consejeros del IFAI consideran que, para variar, son los legisladores quienes tienen la más alta responsabilidad para que ese salto se diera. Lo malo es que hemos comprobado muchísimas veces sus incapacidades para organizarse y trabajar más de un tema a la vez. La mayoría de los legisladores son malos para la función legislativa porque su origen en el sufragio no garantiza popularidad (votos con los que ganan) además de preparación y experiencia para el trabajo legislativo. La mayoría de los legisladores o tienen una cualidad o tienen otra, o ninguna, salvo casos excepcionales.

Por otro lado, no debe pasar inadvertido que la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública de gobierno son factores indispensables para el desarrollo de la vida democrática de las sociedades civilizadas. O ¿A quién en su sano juicio le parece correcto que cualquiera de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno maneje cuantiosos recursos fiscales (producto de los impuestos que pagamos los ciudadanos) ocupándose solamente de los “intereses” de su partido político, o que los administre con una impertinente actitud patrimonialista? Es casi obvio que a nadie. Por eso aprovecho este espacio para hacer un llamado a todos los parlamentarios ciudadanos y la sociedad civil de todo el país para que desarrollen un plan de trabajo en sus entidades o municipios tendiente a solicitar información pública del gobierno: federal, de su estado o de los municipios. Que lo hagan con el claro propósito de hacer notar a los gobernantes en turno la presencia de la ciudadanía organizada.

Si de verdad la clase gobernante tiene interés y voluntad de enderezar la mala ruta por la que la mayoría de los gobiernos conducen al país, los estados y los municipios, entonces, deberán atender comedidamente a los demandantes de información. Hacer a un lado la tentación patrimonialista respecto a los recursos públicos que manejan, el abuso del poder, el autoritarismo, pero sobre todo encauzar la agenda gubernamental hacia la “transparencia y rendición de cuentas” no como una concesión graciosa, sino como una respuesta responsable al ejercicio que juraron realizar con eficiencia al protestar guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.

Los ciudadanos demandamos saber, sin más pretextos ni demoras, quién o quiénes son los responsables específicos de tomar el tipo de decisiones públicas que afectan el patrimonio nacional; demandamos saber sin tapujos ¿Quién o quienes resultan beneficiados -con nombres y apellidos- de esa decisiones? Demandamos transparencia, no opacidad, rendición de cuentas, no discrecionalidad.

Demandamos como lo prescribe la constitución que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, sea pública y sólo sea reservada temporalmente por verdaderas razones de seguridad nacional o interés público, pero no para encubrir bribones, toda vez que en la interpretación del derecho a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad y no el propósito de fomentar trienio tras trienio o sexenio tras sexenio nuevas comaladas de nuevos ricos del pueblo. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo.

Miembro del Consejo Nacional de Operación de Parlamento Ciudadano de México.

Agradezco sus comentarios en Twitter: parlamentariofv