IFE: es la ética, no la aritmética
- Javier Corral Jurado
La intentona del PRI de imponer el pasado jueves la terna de consejeros electorales para integrar de manera completa el Consejo General del Instituto Federal Electoral, estuvo a punto de llevarse acabo, si no fuera porque las bancadas del PAN y el PRD en la Cámara de diputados estaban presentes casi en su totalidad. Los operadores priístas habían calculado una ausencia mayor, y suponían que al haber sumado al PT y a Convergencia a su coalición permanente con el PVEM y PNA - un trascendental dato para documentar el nivel de deterioro político de los aliados de AMLO -, podrían llegar a obtener las dos terceras partes de la votación, toda vez que la Constitución exige esa proporción, pero sólo de los presentes, no de los 500 integrantes. Por eso querían forzar la discusión desde temprana hora y para ello hicieron llegar a la mesa directiva un documento apócrifo de la Junta de Coordinación Política que pretendía introducir el tema desde las 13:35 horas. No son menores los datos que ofrezco; más allá de la estrategia que buscaba responsabilizarnos de no completar el IFE a un día del inicio formal del proceso electoral federal, hubo también un plan de sátrapas que pretendió agandallarse la terna, mostrando como lo dijo el investigador John Ackerman en su twitter: "Este es el PRI que viene de regreso, con una voracidad de pronóstico reservado".
Una ambición desbordada que estuvo a punto de cometer el mismo error que en el año 2003: excluir del compromiso ya no a una, sino a dos de las principales fuerzas políticas del país, olvidándose o simulando olvidar que ese fue precisamente el origen de la crisis electoral del año 2006, y el escenario en el que se fractura la credibilidad y la respetabilidad del árbitro electoral. Fundamentalmente por eso, y no por la descalificación de persona alguna, me opuse terminantemente a apoyar esa terna, y voté en contra. En la tribuna lamenté que un proceso que se inició en sus primeras etapas en la Comisión de Gobernación bajo un ejercicio de transparencia y legalidad, basado en un acuerdo fundamental de respeto por las personas, se estuviera tratando de imponer de esa penosa y ominosa manera. Es que en la etapa final de selección de tres consejeros de una lista de 17 - a cargo ese proceso de los coordinadores parlamentarios -, se colocaron dos premisas absurdas y equivocadas. La primera, colocar el principio de proporcionalidad por parte del PRI para proponer dos consejeros con base en la conformación de fuerzas del pleno de la Cámara de los Diputados, y en segundo lugar, tan inadmisible como el anterior, el de separar esta etapa de negociación de renovación del IFE, de la reforma electoral de 2007 que había planteado la renovación escalonada del Instituto Federal Electoral en tres etapas. Siendo ésta la tercera etapa concluyente de aquel proceso de renovación que colocó como premisa fundamental dotar de nueva cuenta a la autoridad electoral del atributo mayor que necesita la democracia electoral: la confianza de los ciudadanos. Un proceso que en la Comisión de Gobernación encontró unanimidad, que superó vetos, prejuicios, que no encontró espacio para la descalificación, se colocó al final de la etapa de selección en un criterio estrictamente partidista, no en cuanto a los escogidos para la terna, sino en cuanto al principio que busca arrogarse un derecho de proponer a dos consejeros por el resto de las fuerzas políticas de esta Cámara. Desde que se inició la discusión en la junta de coordinadores, el PRI vio la renovación como un asunto de posiciones en la conformación del IFE y no de impulso en el fortalecimiento de su autonomía ciudadana. Para encontrarle justificación a la proporcionalidad iniciaron los vetos, que en todo momento evitamos en la comisión de Gobernación para seleccionar 17, de casi 140 candidatos que participaron en las entrevistas de evaluación. El PRI colocó veto a casi una cuarta parte de esa lista, empezando por las dos más importantes propuestas del PAN y del PRD que, en modo alguno pueden ser acusados de filopartidistas a estas organizaciones: Ciro Murayama y Emilio Alvarez Icaza. Quizá incluso los más independientes de todos. Pero el PRI lee en la independencia y en la autonomía de criterio, un antipriísmo persé. Ahora se acusa que el fracaso es un mal diseño constitucional del método de elección de los consejeros, una falla de las reglas; es probable y sin duda puede ser mejorado, pero advierto que lo que esencialmente ha fallado es la ausencia de altura de miras; lo que ha fallado es la política con visión de Estado, es la política que ve por encima de los intereses parciales. Porque la política es insustituible, me refiero por supuesto a aquella que trasciende mezquindades. Con el mejor método, con las mejores reglas, si no hay política de Estado que coloque el interés público sobre los intereses partidistas, el resultado es el fracaso. La tarea es imposible. Antes de lanzar la convocatoria para la selección de consejeros en la Comisión de Gobernación, pude reunirme con varios de los que anteriormente habían participado en la construcción de las distintas etapas del IFE, incluso cuando éste todavía era presidido por el Secretario de Gobernación. Me reuní a platicar largo y tendido con Jorge Carpizo McGregor, quien presidió el IFE con ese carácter, y fue constructor de la etapa en la que se da la primera integración realmente ciudadana del instituto aunque todavía no autónoma, ésta se da en 1996 y los consejeros pasan a ser consejeros profesionales de la materia y por lo tanto a ocuparse de ella de tiempo completo.
Pero de aquel proceso de selección al que me refiero, que es 1994, sin mayores reglas en la constitución o especificaciones en la ley -, surgieron los nombramientos de José Woldenberg, Miguel Angel Granados Chapa, Santiago Creel Miranda, José Agustín Ortíz Pinchetti, Fernando Zertuche y Ricardo Pozas Horcasitas, ni más ni menos. Porque la estrategia fue la convicción, dotarlo del mayor prestigio, para conseguir la mayor confianza. Pero lo que aconteció el jueves pasado está colmado de medios mirajes; está incluso abultado por una soberbia infinita de los priístas, porque hay una sobreestimación, una autoestima electoral desmedida con la que ya se creen definitivos en las elecciones del 2012, olvidándose también que en la pretendida definitividad está el germen de todos los colapsos del poder. Hay una premisa fundamental en el refrán mexicano: a veces, del plato a la boca se cae la sopa. En la pretendida confianza de invencibles está el mayor pecado del error que están cometiendo. No solo es excluyente, sino que se marca indebidamente con un sello partidista a los miembros de la terna y eso vuelve a colocar al IFE en el centro del litigio, como parte de la parcialidad, y esa etapa la habíamos superado; ventajosamente México había avanzado en consolidar una autoridad electoral para el principal signo de la legitimidad, que es la confianza ciudadana, la credibilidad en su árbitro. El IFE debe seguir siendo la piedra angular del acuerdo político nacional, no parte del problema, al ser fuente de parcialidad. El IFE debe ser ante todo, la expresión de un compromiso democrático, un compromiso con las leyes, las reglas y las instituciones. Excluir de este compromiso a las fuerzas políticas es socavar desde el origen el proceso electoral. Eso es lo que está en medio de la elección de los tres consejeros que le faltan al IFE. Se puede reponer el procedimiento e ir a una nueva búsqueda, o hacer un nuevo y último esfuerzo con la misma lista de los 17 candidatos. Lo que sí es urgente, es reinsertar en este momento una visión que trasciende la mirada aritmética en la composición de este órgano fundamental, por una decisión ética de fortalecimiento de su autonomía plena.
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