Campaña internacional contra Isabel Miranda de Wallace, acusada de fomentar tortura

 Investigaciones periodísticas desmienten lo declarado bajo tortura

Ramsés Ancira

Por su presunta participación la tortura a los inculpados del asesinato de Hugo Alberto Wallace, diversos organismos en defensa de los derechos humanos realizan una campaña para que se revoque el premio que durante el gobierno de Felipe Calderón fue concedido a la señora Isabel Miranda de Wallace.

El 15 de diciembre de 2010 el gobierno de la República entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda, con el argumento de su trabajo en favor de las víctimas de secuestro;pero nuevas investigaciones en 2014 han implicado a la también ex candidata a jefa de gobierno del Distrito Federal en torturas a Brenda Quevedo, Jacobo Tagle y César Freyre.

La versión oficial es que otra de las implicadas, de nombre Juana Hilda y quien está presa en un penal de Nayarit, fue el señuelo para atraer a Hugo Alberto, primero a un cine y luego a su departamento en la colonia Insurgentes Mixcoac. Ahí ya se encontraban otras personas quienes lo habrían intentado someter para pedir un rescate, lo que le provocaría un infarto mortal.

Sin embargo, sólo la confesión arrancada mediante torturas y amenazas a los implicados respalda esta historia ya que no hay suficientes elementos de ADN encontrados en el departamento de la calle de Fragonard , para demostrar que Hugo Alberto Wallace haya estado ahí, mucho menos para comprobar  su muerte ya que si hubieran descuartizado su cuerpo en la tina de baño debieron quedar muchos más restos.

Una petición montada en la página Change.org (http://www.change.org/es/peticiones/revoquemos-el-premio-nacional-de-ddhh-a-isabel-miranda-de-wallace) y dirigida al presidente Enrique Peña Nieto así como a los titulares de las comisiones de derechos humanos de las cámaras de diputados, senadores y Asamblea Legislativa del Distrito Federal argumenta que de las  seis personas encarceladas y torturadas; cinco de éstas se auto incriminaron bajo coacción, cuatro ya sentenciadas. Hasta ahora hemos encontrado sólidas evidencias de que el crimen no se perpetró ni se dieron las circunstancias que injustamente inculpan a esas personas

Nuestras asociaciones Gente de México por la Democracia y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, junto con un grupo de periodistas independientes, han investigado de manera rigurosa y ética el denominado “caso Wallace”, debido a que hay seis personas encarceladas y torturadas; cinco de éstas se autoincriminaron bajo coacción, cuatro ya sentenciadas. Hasta ahora hemos encontrado sólidas evidencias de que el crimen no se perpetró ni se dieron las circunstancias que injustamente inculpan a esas personas.

Uno de los argumentos de los impugnadores del premio de Isabel Miranda es que solicitó la extradición de Brenda Quevedo a Estados Unidos empleando documentos falsos, uno de los cuales exculpaba a Hugo Alberto de antecedentes penales, aunque supuestamente había sido fichado por contrabando. También dicen que Brenda no pudo participar en ningún secuestro ya que conoció al presunto autor intelectual, Jacobo Tagle Dovin, varios meses después de la desaparición de la víctima, cuyo cuerpo jamás fue encontrado.

A este respecto indican:  De acuerdo a nuestras investigaciones, a las investigaciones periodísticas y con base en las denuncias recién presentadas por los inculpados, pesa sobre Isabel Miranda Torres la acusación sobre su presunta responsabilidad de falsificación de documentos, fraude procesal, falsedad a autoridades y variación de nombres, entre otros delitos.

Y más adelante precisan:

En esta simulación de secuestro y homicidio, del que en nueve años la parte acusadora no pudo acreditar una sola evidencia pericial, se encontró una red de funcionarios públicos de diversas instancias judiciales, entre éstas de la Procuraduría General de la República que privilegiaron influencias, crearon documentos apócrifos y participaron directa y flagrantemente en la violación de los derechos humanos de los inculpados, según lo establecido en el estudio certificado por la CNDH como Protocolo de Estambul.

Los trabajos periciales que exculpan a los detenidos por este caso, han sido coordinados por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad y se han enriquecido con datos aportados por la periodista Guadalupe Lizárraga quien ha señalado entre otras cosas que del departamento de Hugo Alberto fue retirada una cachucha, de donde pudo haberse tomado el único cabello  que dicen haber encontrado en el departamento de la calle de Fragonard y del que extrajeron la muestra de ADN.

Una segunda evidencia fue una gota de sangre, pero Guadalupe Lizárraga entrevistó a genetistas expertos quienes aseguran que hay muchas posibilidades de que esta no sea de Hugo Alberto, sino de su hermana, con lo que se desvanecería cualquier prueba del secuestro y el asesinato, al menos con  los elementos aportados en el juicio penal.

Descalificadas estas pruebas, la única manera de que los jueces sentencien a los detenidos sería con base en las confesiones obtenidas bajo tortura, lo cual supondría su liberación inmediata si la Suprema Corte de Justicia valora el procedimiento 

Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres cometió el crimen moral de haber engañado a la sociedad mexicana entera, a sus representantes y servidores, y usurpó el papel de representante de la sociedad civil y de las víctimas de secuestro. Ha sobrepasado y ha utilizado por su propio interés las atribuciones del papel de coadyuvante al Ministerio Público al que le daba derecho la Constitución mexicana, para convertirse en figura de acusadora pública, la cual deshonra y perjudica de manera irreparable la sociedad democrática. Así concluye la petición pública firmada por las organizaciones Gente de México por la Democracia y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad.